La convivencia en sociedades postconflicto siempre trae consigo disputas y la memoria nunca es una sola. Uno de los rezagos que dejó la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA es el empleo indiscriminado de la palabra ‘terrorista’, entendida coloquialmente como ‘terruco’.
El ‘terruqueo’ es una acepción que se utiliza para desacreditar a alguien o a un grupo de personas por tener ideas de izquierda o contestarias. También es frecuente su uso contra aquellos que desde posturas de centro izquierda o que se definen como progresistas y liberales, critican los excesos y arbitrariedades del status quo o las propuestas conservadoras que buscan mantener la exclusión social en el país.
Emplear el calificativo ‘terruco’ no se limita a las personas, sino que también es recurrente su uso para demonizar determinados centros universitarios, especialidades profesionales, movimientos sociales, museos e, incluso, canciones y obras de arte. Para entender las raíces de este fenómeno de estigmatización política, conversamos con Iris Jave, investigadora especializada en Comunicación Política; Lía Ramírez, socióloga especializada en Historia y Estudios Andinos; y Patricia Montero, periodista y columnista de opinión.
“El ‘terruqueo’ es una ofensa que se ha construido históricamente. Lo podemos definir como una forma de desacreditar al adversario político insinuando que este es un terrorista y su opinión es, por lo tanto, inválida. Sin duda es un agravio con carga histórica y violenta que termina estigmatizando a una persona de por vida”, afirma la socióloga Lía Ramírez.
Para la periodista Patricia Montero, se trata de una práctica que busca silenciar una forma de pensar: “Tú piensas diferente a mí o cuestionas algo minúsculo del orden establecido, entonces te callo poniéndote una etiqueta: eres un ‘terruco’”.
‘Terruqueo’, un sinónimo de anticomunismo
Según la socióloga Lía Ramírez, la sociedad no diferencia entre ‘terruco’ y comunista porque no existe ninguna reflexión como país que nos permita entender cuál es la definición de cada término. “Tener una inclinación socialista, comunista o ser de izquierda no significa en absoluto ser terrorista», afirma.
«A pesar de que en el Perú existe una larga trayectoria democrática de los partidos de izquierda, hay quienes siempre tratan de vincular a sus voceros o dirigentes con el terrorismo”, añade Ramírez.
Por su parte, Iris Jave considera que es una antigua práctica igualar ambos términos; sin embargo, explica que esta es una simplificación porque primero se debe comprender que el terrorismo es un método. “Recordemos que Sendero Luminoso se autodenominaba Partido Comunista del Perú, un partido que decidió emplear el terrorismo como instrumento de lucha. Con su accionar violento, SL también combatió a los partidos de izquierda que tuvieron un auge en la década de los ochenta y eran parte del sistema democrático”, añade.
En el Perú, nombrar o relacionar a alguien con el comunismo es una manera sutil de decirle ‘terruco’, ambas nociones cargan con el mismo peso descalificador a nivel social. Para Iris Jave confundir adrede terrorismo y comunismo es un mecanismo de desinformación cuyo propósito sería captar la adhesión de un sector de la ciudadanía desde el miedo.
Los medios, asegura la profesora, tienen un rol importante porque son uno de los grandes canales de socialización de las ideas (y los prejuicios). Un ejemplo de lo que afirma ocurrió meses atrás, cuando Beto Ortiz sostuvo en su programa de televisión que la Pontifica Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Lima enseñan marxismo porque “todos los antropólogos, politólogos, sociólogos, psicólogos y periodistas son izquierdistas que están lavándole el cerebro a los chicos de clase media alta de Lima”.
Ausencia de diálogo
A juicio de la periodista Patricia Montero, el ‘terruqueo’ ocurre porque como ciudadanos hemos suprimido la capacidad de debatir con argumentos sólidos y se llega al facilismo de invalidar a quien piensa distinto con una palabra. “No es posible que a todos aquellos que son de izquierda, que se definen como progresistas o, simplemente, no comulgan con las ideas de la derecha conservadora, se los etiquete como «proterrucos”, sostiene. Iris Jave también menciona que muchos políticos no están a la altura del debate que requiere una democracia.
“El ‘terruqueo’ busca que imponer una sola mirada del país y esta no puede ser cuestionada. Sin una mirada crítica de la sociedad no hay transformación social posible, entonces no podemos limitar nuestra manera de pensar y pretender uniformar el pensamiento”, advierte Ramírez.
La socióloga afirma que, en consecuencia, las propuestas o ideas pierden legitimidad cuando defienden, por ejemplo, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, los derechos de la mujer y los enfoques interculturales en salud y educación.
En mayo de 2020, por citar un caso, el conductor de televisión Philip Butters calificó a los lingüistas, sociólogos y antropólogos de comunistas porque “tergiversan la verdad para envenenar al niño hasta lograr que este sea un resentido social”. Esa fue la reacción de Butters cuando la lingüista Virginia Zavala explicó que en el país se hablan distintos tipos de español en el documental «Los Castellanos del Perú», transmitido en el programa «Aprendo En Casa».
“Los hallazgos y reflexiones de una académica como Virginia Zavala fueron rechazados de plano hasta el punto de ser calificados como un incitación a la lucha de clases y una amenaza para el país. Sin duda, había una carga de violencia en las palabras del conductor”, refiere Ramírez.
Criminalización de la protesta
«Hay medios de comunicación y actores políticos conservadores que vinculan con el terrorismo a cualquier colectivo que proteste o haga valer sus derechos. Esto tiene un nombre: criminalizar el derecho a protestar, que es un derecho garantizado por la Constitución del Perú. Por esta vía se termina estigmatizando todas las protestas sociales”, advierte Jave.
Montero coincide: al calificar de ‘terrucos’ a un grupo de personas que expone sus reclamos sociales en el espacio público, se descalifican automáticamente sus demandas.
En diciembre de 2020, los trabajadores del sector de la agroexportación iniciaron una protesta buscando la derogación de la Ley N°27360. Esta norma beneficiaba a las empresas agroexportadoras exonerándolos del pago de impuestos y permitía que los agricultores reciban bajos salarios y trabajen en condiciones de precariedad. La reacción de uno de sus empleadores fue memorable. Benjamín Cillóniz, gerente general de SAFCO Perú – Fundo Algarrobo Pampeano en Ica, intentó descalificar a los manifestantes al relacionarlos con el terrorismo. “La estrategia del terruqueo es el insulto que deshumaniza al opositor y lo presenta como una amenaza, distorsiona la realidad, infunde miedo en las personas y se emplea para proteger intereses personales”, señala Lía Ramírez.
comparó la protesta de los trabajadores agrícolas con el terrorismo. Captura: La Lupa.
Denigar la memoria
El ‘terruqueo’ como estrategia discursiva también ha servido para denigrar a las familias que se vieron afectadas durante el periodo de la violencia subversiva. Quienes utilizan esta suerte de fantasma social tergiversan la historia y los esfuerzos por comprender lo ocurrido durante las últimas dos décadas del siglo XX, explica la profesora Iris Jave.
“Denigrar la memoria de las víctimas de la violencia es grave, además, porque ignora el dolor y el daño sufrido por miles de familiares», enfatiza Jave.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, durante el periodo de la guerra interna desaparecieron más de 21 mil personas y alrededor de 70 mil fueron identificados como afectados directos. Actualmente, desde el Estado se implementan políticas de atención para las personas (y los familiares) de quienes sufrieron desplazamientos, secuestros, torturas y violaciones sexuales.
Montero asegura que el mayor daño del ‘terruqueo’ es que nos impide construir la memoria de una etapa del país que no debe repetirse. Advierte que el estigma impide que se responda preguntas que son cruciales : ¿Qué motivó que lleguemos a esos extremos violentos vividos en los años ochenta y noventa? ¿Qué hemos hecho durante todos estos años para mitigar la desigualdad y la injusticia?
En octubre de 2017, Octavio Salazar, entonces congresista de Fuerza Popular, acusó sin pruebas a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) de hacer “loas al senderismo” en el Museo de la Memoria de Ayacucho y solicitó la intervención policial de este sitio histórico. “Instrumentalizar el periodo de violencia apelando al ‘terruqueo’ demuestra lo poco que hemos hecho para reconciliarnos como país, cuánto nos falta nos hace el diálogo y llegar a consensos mínimos como sociedad», concluye Ramírez.
