A lavar la pantalla

La escena está fresca en la memoria: una chica del colegio Melitón Carvajal participa de un concurso en el que debe comer una ensalada con cucarachas para que ella y sus compañeros puedan ir de viaje de promoción a Cancún. A su lado, la participante del colegio adversario trata de disuadirla con gritos y gestos de repudio. Su promoción y su novio la aclaman desde la tribuna. Con mucho esfuerzo, la chica come mientras los conductores, las modelos y el público comentan el acto y ríen. El tenedor se mueve nervioso sobre el plato. Por momentos, sus ojos se quedan fijos mirando a la cámara, prolongando el momento en que tendrá que dar el próximo bocado. Ella se retuerce sobre la silla: su sacrificio es espectáculo.

-Pongo la lechuga sobre el tenedor para no verlas -dice la chica.

-¿Y cuando las masticas no las sientes? -pregunta el animador con una sonrisa morbosa.

La escena bien podría formar parte de una comedia corrosivamente satírica, que condene los extremos de los contenidos de la televisión comercial, pero es real: ocurrió en el programa El último pasajero del canal Latina, en señal abierta y para miles de personas. Su método, participantes dispuestos a todo por un premio, no era nuevo. La escena trajo recuerdos de los días en que la conductora Laura Bozzo, pagada por la dictadura de Fujimori y Montesinos, ponía ante cámaras a concursantes que debían lamer axilas para ganar un puñado de billetes.

Si bien se diferencian en que uno de los programas fue espontáneo y el otro era un montaje pagado por la dictadura, se asemejan en que ambos aprovechan una necesidad. Para un adolescente, el viaje de promoción puede ser tan imprescindible como para un adulto de bajos recursos pagar la cuenta del agua.

En los diez minutos que duró, el segmento violó la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de los Niños y Adolescentes, la ley de radio y televisión, el código de ética del canal y el derecho a la integridad de la menor. El caso nos conduce a algunas preguntas: ¿Es efectivo el sistema que regula y sanciona a los programas? ¿Por qué los canales de televisión pueden transmitir programas que claramente violan la ley?

Agujeros de la regulación

En nuestro país opera desde el 2005 la ley de radio y televisión: un sistema de quejas para los ciudadanos que cuenta con dos etapas. La primera es manejada por los medios (denominada autorregulación), regida por sus propios plazos y procesos. La segunda instancia de apelación manejada por el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Para transmitir su señal, las televisoras emplean el espectro radiofónico que el estado les da en concesión por unos años. Por usar un bien público deben rendir cuentas, pero no es el Estado quien los fiscaliza, sino los ciudadanos.

La denuncia contra El último pasajero, por ejemplo, la hizo el periodista César Alfredo Vignolo a través de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), gremio que agrupa a las televisoras comerciales más importantes del país. El proceso comenzó el 20 de marzo y tuvo varias complicaciones: la queja en la SNRTV no prosperó en el tiempo previsto y Vignolo tuvo que apelar al ministerio, que lo devolvió a la instancia anterior. Al final, dada su insistencia y la gravedad del caso, tuvo éxito: Latina deberá pagar S/.38.500. Este desenlace, sin embargo, no es común en el sistema de regulación.

Según Miriam Larco, directora del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), entidad adscrita al MTC, “las quejas han sido mínimas debido a la falta de información de la ciudadanía, pero también debido al mismo mecanismo que parece más judicial que de autorregulación. Desalienta a la gente”.

¿Es eficaz el sistema que regula y sanciona a los programas? ¿Por qué los canales de televisión pueden transmitir espacios que claramente violan la ley?

Hace tres meses, miles de personas en Lima y en nueve ciudades del país se movilizaron en contra de los contenidos de la televisión. Su reclamo principal fue el respeto del horario familiar, pero su movilización abrió un debate más amplio: ¿Por qué los canales transmiten programas que vulneran leyes? ¿Qué tan eficiente es la regulación que los rige? La reacción de los canales fue cerrada: para ellos, la autorregulación es un sistema eficiente. Las cifras, sin embargo, les dan la contra.

Según la web de la SNRTV, se han hecho 27 quejas en ocho años de autorregulación. Esta información contradice a la que difundieron en agosto del 2014. Entonces la SNRTV informó que en los últimos tres años hubo 84 quejas por infracción del horario familiar que se resolvieron mediante coordinaciones telefónicas.

Lo cierto es que al llamar a la SNRTV, no pudieron corroborar ninguno de los datos antes mencionados: la información no está sistematizada, sostuvieron. “No hay un registro de las quejas. No sabemos si las quejas que se han hecho por teléfono se toman en cuenta”, dice Larco. No existe tampoco registro de cuál es el total de multas que han pagado los canales, pero hay una pista: los S/.38.500 que pagará Latina por El último pasajero son el monto más alto en toda la historia de este sistema.

En cinco años, del 2006 al 2011, el MTC solo resolvió con multas tres quejas por contenido. El año pasado, según el reporte del Concortv, la cifra fue de solo una multa. Si sumamos pocas quejas, falta de transparencia en el sistema y multas reducidas, no es difícil imaginar por qué las televisoras no respetan las leyes. Los canales juegan a autorregularse.

Por desgracia, esa es solo una parte del problema. Hasta el 2013, en nuestro país existían 447 radios y televisoras que poseían un mecanismo de solución de quejas y otros 661 que se acogieron al código del MTC. Estas cifras equivalen a decir que hay 448 formas distintas de formular una queja. “Este es uno de los puntos clave que limitan la participación ciudadana en la mejora de la radio y Televisión”, dice Alexander Chiu Werner, experto en comunicaciones. El otro gran bolsón de medios, más de dos mil según Concortv, no poseen un mecanismo, lo que en la práctica significa que no podrían recibir quejas o denuncias por su programación.

El sistema de quejas, además, exige tiempo y competencias. Los procesos son complicados y poco conocidos. En un informe reciente, el Concortv reportó que el 60% de sus encuestados no estaban enterados de la existencia de los códigos de ética y los mecanismos de quejas. Si los ciudadanos, encargados de quejarse, no saben cómo hacerlo y además existen 448 formas distintas: ¿cómo podemos esperar que el sistema sea efectivo?

Una última deficiencia es que el sistema está judicializado: hay procesos técnicos que el común de ciudadanos no conoce y si no se respetan estos formalismos las quejas no proceden. “Es terrible. Es un sistema perverso porque no establece un mecanismo fácil. No hay en ningún país una figura de este tipo en la que el usuario debe denunciar o sino no pasa nada. Eso es único acá y no debería darse”, critica Larco.

En otra órbita

En ningún otro país del mundo la responsabilidad de fiscalizar a las televisoras cae solo en los ciudadanos. En Chile, Argentina y Colombia consejos de regulación conformados por las empresas, la sociedad civil y el Estado, supervisan y sancionan a las televisoras que no respeten la ley. Estos consejos autónomos poseen un sistema único y sencillo de quejas y pueden actuar por cuenta propia. Son, según el estudio de Chiu, una regla cada vez más extendida en países de la región y del mundo. Menos aquí.

Liliana Burga, quien desde su asociación ha realizado los trámites de quejas innumerables veces, lamenta que el sistema de regulación en Perú está judicializado. “Se necesita contar con un abogado a fin de redactar los escritos, presentar las apelaciones, hacer el seguimiento de los plazos, informar oralmente, etc. Se está limitando el derecho del ciudadano común y corriente para efectuar una denuncia”. En otros países, esto no sucede.

El consejo de Chile, por ejemplo, pasó de haber tramitado 285 denuncias en 2008 a 1057 al año siguiente, de las cuales el 55% (582 denuncias) derivaron en sanciones. Según Larco, el consejo de ese país recibe mil quejas mensualmente. En Argentina, el Comité Federal de Radiodifusión tuvo un promedio de 2,100 en el 2010. No se trata, como suelen decir los defensores de nuestro sistema, de prohibición, sino de un sistema de sanción efectivo. Los números son claros.

La participación de los ciudadanos sumada a la defensa de entes autónomos le da soporte a la regulación. Larco identifica cuatro pilares para fortalecer el sistema: un procedimiento rápido, eficiente y unificado de quejas, una entidad autónoma de control, campañas informativas para que los ciudadanos participen de la regulación e información transparente de los canales y gremios. Ninguna de estas condiciones se cumple en el Perú.

Por las noches vuelve la sangre y se expande un híbrido que hasta hace poco era monopolio de los diarios chicha: noticias hechas sobre ficciones de los propios canales. Noticias que no son noticias: son publicidad.

Las autoridades de los canales comerciales poseen ideas distintas. «El principal desafío para la SNRTV es fortalecer nuestro sistema de autorregulación (…) El éxito va a ser que en algún momento ya no se presenten quejas, eso va a significar que el sistema de autorregulación realmente está funcionando», dijo en una entrevista Abraham Zavala, presidente de la SNRTV.

Todos los bienes y servicios, públicos o privados, están regulados en nuestro país. De ellos se ocupan entidades autónomas como Indecopi u Osiptel, que garantizan que las quejas de los ciudadanos sean efectivos. Cuando hace falta, estas entidades actúan por cuenta propia y multan a las empresas infractoras. El contenido de las televisoras, en cambio, no lo sanciona el Estado.

El temor, sostiene Zavala, es que “los mecanismos de regulación estatal, sobre todo en un tema de medios y en un país como el Perú donde no existen instituciones fuertes, pueden derivar en un control político”.

Para Jorge Acevedo, profesor especialista en temas de regulación de medios,el momento político que vivimos no favorece esa hipótesis. “Llevamos varios años de democracia. Las condiciones no indican que los gobiernos vayan a seguir este camino”, dice. De todos modos, el Estado no parece tener una posición firme. “Tenemos un Estado muy pasivo que se limita a ver temas técnicos para no ser tildado de intervencionista y censurador (…) Hay un gran temor sobre el tema de la influencia y la presión de los medios de comunicación”, cuestiona Larco. El temor al control político es la mejor coartada para desaparecer.

Con las marchas contra los contenidos de la televisión, al menos por un momento, los ojos de los ciudadanos se posicionaron sobre este punto, por lo demás inexistente en la agenda de los canales. La protesta tuvo cierto eco en la SNRTV. En dos semanas, buscaron mejorar su sistema de regulación y sancionaron al El último pasajero y Combate. “Eso nos da indicios de que cuando hay participación ciudadana y quejas encontramos respuesta”, afirma Larco. Esta actitud, sin embargo, es inusual y lo más probable es que se apague cuando la presión social termine.

Por ahora, como reclama Larco, por lo menos hace falta una revisión del sistema. “Después de diez años es hora de hacer modificaciones y de seguir con campañas informativas para que la gente sepa sus derechos”, concluye.

Epidemia

No son pocos las televisoras que actúan como si la ley de radio y televisión fuera letra muerta. Hay tres claves en el Pacto de Autorregulación firmado por los principales canales de señal abierta: veracidad, respeto a la dignidad de las personas y responsabilidad social. Basta tomarse unos minutos para comprobar que estos pilares son rarezas de la programación.

Liliana Rocha de Blume, de la Asociación Valores Humanos, entidad que ha realizado numerosas denuncias ante la SNRTV, señala que no se cumplen los plazos estipulados en el pacto para la admisión de la queja ni para la expedición de la resolución, tanto en primera como en segunda instancia. “En el caso de nuestra denuncia por el programa Amor, Amor, Amor, el Comité de Solución de Quejas de la SNRTV (primera instancia) emitió su resolución en diciembre del 2013 y recién dictaminó en octubre del 2014, casi diez meses después, no obstante que el plazo que este Tribunal tiene para resolver es de diez días hábiles”.

Los representantes de la SNRTV alegan que muchas de las quejas se solucionan mediante conciliación y sin necesidad de que haya multas. Sin embargo, para Liliana Rocha esto es muy poco frecuente. “En algunas oportunidades los representantes de los medios denunciados ni siquiera asisten a las audiencias de conciliación, lo cual demuestra el poco interés por llegar a un acuerdo”, afirma. La sanción máxima acordada en el Pacto de Autorregulación es de 10 UITs. Ese monto, según un reciente informe del diario Gestión sobre publicidad televisiva, los medios lo pueden cubrir con lo que perciben por cinco minutos de anuncios en horario estelar.

“Lo real y concreto es que, a pesar de la normativa existente, en la televisión peruana no existe autorregulación”, indica Rocha, y la programación que existe actualmente parece darle la razón. A primera hora de la mañana al espectador lo recibe un espectáculo de difícil digestión: noticieros que se limitan a exacerbar el ya complejo problema de la seguridad ciudadana. Su propuesta no es la responsabilidad social de criticar un asunto serio, sino, como se suele decir, la comercialización de la sangre. Por las tardes, su apuesta va por la transmisión de noticias de farándula que muchas veces faltan al horario de protección al menor. Por las noches, vuelve la sangre y se expande un híbrido que hasta hace poco era monopolio de los diarios chica: noticias hechas sobre ficciones de los propios canales. Noticias que no son noticias: son publicidad. “Es la televisión hablando sobre sí misma. Lo que hay es un interés por maximizar su beneficio económico”, cuestiona Acevedo.

La mayoría de los contenidos de humor se asientan sobre estereotipos racistas, sexistas y homofóbicos. Dos de ellos, La paisana Jacinta y El negro mama, estuvieron hace poco en el centro de las críticas: uno tuvo que ser reformulado y el otro desapareció. El fin les llegó luego de más de quince años. ¿Qué defensa de la dignidad de las personas puede haber cuando la regla de los programas cómicos es exacerbar estos prejuicios? Los defensores de estos programas aducen que es difícil saber qué contenidos son racistas y cuáles no. Para el canal que lucra con estos contenidos, puede que resulte difícil encontrar esa diferencia. Esa discusión, precisamente, es la que tomarían los consejos de regulación: entidades especializadas en esta tarea.