Muchos periodistas son figuras públicas y poseen una significativa lista de seguidores. Sus opiniones o comentarios pueden tener efectos en la postura que los ciudadanos tienen sobre un tema, más allá de si su función profesional es la de informar. Aquí analizamos cómo varios de ellos abordaron la controversia entre el Estado y las clínicas privadas a fines de junio.

Por Ingrid del Río

Al ingresar a Twitter, uno puede encontrarse con un sinfín de publicaciones que, a pesar de la brevedad de su tiempo de exposición, pueden conseguir atención de inmediato y así posicionarse por varias horas, e incluso días, como trending topics. El debate y la mención constante de un tema en específico genera una tendencia y, de este modo, podemos saber qué es lo que se ha podido comentar sobre ello. 

Uno de los temas que ha tenido un gran rebote en redes y en el que se ha podido observar varios comentarios de diversos periodistas del medio es el exagerado costo que los centros de salud privados han estado cobrando a pacientes con COVID-19.

El 21 de junio, el superintendente de SUSALUD, Carlos Acosta, instó a las clínicas privadas a tomar medidas en torno a su facturación, ya que hubo múltiples denuncias de pacientes que reclamaban por el exorbitante costo para tratar a los infectados con COVID-19 (alrededor de S/. 10,000 diarios), poniendo en riesgo muchas vidas. En concreto, Acosta informó que ya estaba listo un modelo de contrato y las tarifas para que el Sistema Integral de Salud (SIS) pueda contratar el servicio de las clínicas y así atender pacientes de coronavirus a cuenta del Estado. 

Empezaron a surgir opiniones en torno a la iniciativa del Estado. Para algunas personas, no era suficiente con iniciar una negociación. Uno de los primeros comentarios en generar polémica fue publicado por Marissa Chiappe, quien fue reportera años atrás y actualmente es directora de Lorem Ipsum, una agencia de comunicación, además de tener una presencia importante en redes sociales comentando temas de actualidad. 

Si bien hubo muchas reacciones positivas al respecto, también las hubo por el lado opuesto. Así, un usuario llamado Alejandro Cavero comentó, como reacción al tweet de Chiappe, un mensaje muy breve: “Expropiar es robar. Grábenselo”. Chiappe respondió de manera escueta también, obteniendo una aprobación similar:

Más allá de lo que parecía correcto y lo que no, estaba el trasfondo legal de las medidas propuestas. Según los entendidos, era viable aplicar un modelo de expropiación contemplado por la Constitución, así como la aplicación de uno de los artículos de la Ley General de Salud a causa de la situación de emergencia. 

En casos como este hubiera sido normal encontrar un comentario de Rosa María Palacios evaluando jurídicamente el tema; sin embargo, sus tweets empezaron a mostrar una preferencia por los intereses del sector privado, por encima del tono de análisis que ha tenido en otras controversias.

La conductora del programa Sin Guión sostenía que cada uno es libre de escoger el sistema de salud por el cual quiere ser atendido. Mantuvo esta postura en una serie de tweets, de la cual se destacó un mensaje en el que calificaba de “gusto” al derecho humano a la salud:

Cabe mencionar, como también fue señalado en el contexto de este debate, que el esposo de Palacios es socio en un estudio de abogados que tiene entre sus clientes a varias clínicas privadas.

 

Carrera contra el tiempo

En este punto de la discusión había posturas divididas: mientras que unos pedían que el Ejecutivo tomara cartas en el asunto e interviniera en los centros de salud privados, otros afirmaban que esta no era la solución. 

Entonces, el 24 de junio, Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas respecto a este tema. “No podemos esperar indefinidamente las negociaciones. Vamos a esperar 48 horas y, de no ser el caso, pensando por la salud de la población, invocaremos el artículo 70 de la Constitución de la República”, dijo el mandatario. 

Con esta toma de postura, que esclarecía cuál sería el instrumento legal a utilizar con el sector privado, inició una nueva ronda de debate. Además de los aspectos monetarios, se enfatizó en la importancia de esta medida para la ciudadanía, como lo expresó Nelly Luna, editora general del portal de investigación Ojo Público:

Este entusiasmo también trajo nuevamente una reacción de Rosa María Palacios, que esta vez sí se animó a dar más detalles sobre su toma de postura: 

Luego del mensaje, el empresario Carlos Joo, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), se mostró en desacuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo. En una entrevista al diario Perú.21, hizo notar que el SIS estaba debiendo más de 39 millones a la asociación de clínicas. Nicolás Salazar, conductor informativo de TvPerú, no dudó en expresar una opinión al respecto que resaltó las contradicciones en el discurso del sector privado. 

 

El desenlace

No pasaron muchas horas hasta que se informó sobre el acuerdo del Poder Ejecutivo con la Asociación de Clínicas Privadas: no habría expropiación, ya que se pudo regular una tarifa especial para los asegurados del Estado que requiriesen cuidados intensivos e internamientos por COVID-19.

Algunos usuarios de Twitter tomaron esto como un golpe para la izquierda, debido a que la expropiación era algo que ellos esperaban que sucediera. Así lo expresó Augusto Álvarez Rodrich, quien, actualmente, trabaja en La República como columnista, además de haber sido conductor televisivo, y director en un diario y un programa de TV. 

No solo quienes estaban a favor de la intervención resultaron desilusionados, como advirtió Rodrich. El acuerdo establecido hacía que la participación de las clínicas fuera voluntaria, con lo que la incertidumbre terminó siendo mayor que al inicio de la polémica. Jesús Verde, quien ha trabajado en el medio radial por muchos años en RPP y en Exitosa, lo manifestó de esta manera:

En este punto, hasta Eddie Fleischman (cuyo ámbito de especialización es el deporte) no dudó en expresar su opinión al respecto y comentar cuál era, en su opinión, la verdadera intención por parte del Ejecutivo.

 

Informantes con opinión

Así como existen muchos otros periodistas que extienden su rol de reportero hasta sus redes personales, muchos otros – más allá de informar dentro del espacio que puedan tener en el medio en el cual trabajan – no dudan en omitir su opinión mediante sus cuentas personales, las cuales son leídas, compartidas y respondidas por diferentes usuarios.

Tener una opinión es algo normal y participar en controversias también. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la audiencia sigue a un personaje porque este da información y se les brinda contenido no informativo desde sus medios sociales? ¿Serán capaces las personas de discernir cuándo un periodista está dando comentarios a título personal y cuándo no? ¿Son todos los periodistas conscientes de esta diferencia? En una coyuntura como la actual, estos temas deben (irónicamente) ser sujetos de debate también.