La ley contra el acoso sexual en espacios públicos se promulgó en marzo del 2015. Sin embargo, solo Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna cuentan con las ordenanzas de ley para poder aplicarla en defensa de mujeres abusadas. Las abogadas Astridt Chuy y Marcela Huaita, especialistas en este tema, analizan los obstáculos que impiden la aplicación de esta norma en un país donde el machismo se traduce en violencia cotidiana contra las mujeres.
Por Shamira Legua
Portada: Alexandra Prado
Astridt Chuy es abogada y directora legal de Paremos el Acoso Callejero (PAC), una oenegé que se creó en el año 2016 luego de un trabajo de investigación realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta asociación se dedica a visibilizar al acoso callejero como una forma de violencia y a construir espacios públicos libres de machismo. Chuy recuerda que, a raíz de la presión que ejercieron sobre el Estado peruano, junto con otros colectivos feministas, lograron que se promulgara la ley que sanciona el acoso sexual callejero. También contribuyó la investigación que realizaron acerca de las situaciones de violencia que sufrían las mujeres en todos los espacios públicos.
La abogada explica que el acoso sexual puede manifestarse a través de miradas lascivas, masturbación pública, tocamientos indebidos, persecución, ciberacoso, frases o gestos obscenos, invasión del espacio personal, silbidos o piropos. Sin embargo, Chuy señala que la ley no tiene una aplicación plena en la mayor parte del país dado que no existe un protocolo de denuncia ante las autoridades policiales.
La ley establece que el Ministerio de Educación debe incluir en la malla curricular de los centros educativos la advertencia de que el acoso sexual callejero es una forma de violencia y que por tanto está tipificada como delito. Esta norma exige difundir entre las niñas y adolescentes mecanismos de prevención frente a este tipo de agresión. No obstante, en los colegios se evita tocar de manera explícita el tema de la Educación Sexual Integral. Chuy refiere que en el Congreso y desde ciertos colectivos, como Con mis hijos no te metas, se busca excluir el enfoque de género del currículum educativo. “Las escolares son unas de las principales víctimas de acoso. ¿Cómo les decimos que deben denunciar a sus agresores si nadie les ha enseñado a reconocer un caso de violencia?”, se pregunta la abogada.
Chuy también señala que la Policía no está capacitada para recibir y procesar las denuncias por estos casos. Sus integrantes no han recibido formación en el enfoque de género. “Muchas veces los agentes policiales que se encuentran en las comisarías desestiman las denuncias de acoso sexual porque no las consideran delito o aducen dique no existen pruebas. Incluso solicitan a las víctimas que vuelvan a pasar por una situación de acoso para poder filmar o tomar alguna foto y así obtener las evidencias”, declara. La especialista añade que las mujeres que sufren agresiones sexuales en el transporte público no tienen cerca a una autoridad que las proteja y ante la cual denunciar inmediatamente a los agresores. Si bien la ATU tiene un protocolo para estos casos desde el 2022, la mayoría de sus supervisores lo ignora o se niega a aplicarlo.
La abogada hace hincapié en que, según reveló el informe «A mí también me acosaron», realizado por PAC, muchos de los agentes del orden que se encuentran en primera línea, como es el caso de serenos y policías, han ejercido este tipo de violencia, incluso durante el periodo de cuarentena a raíz de la pandemia. “Esto crea desconfianza en las víctimas, sienten temor de presentar una denuncia porque saben a lo que están expuestas. Piensan que las personas que tienen el rol de protegerlas también son agresores”, afirma.
Según relata una mujer de 25 años que vive en Surquillo, ella fue víctima de miradas lascivas por miembros de la Policía cuando recién empezaba la cuarentena. Era verano y ella salió en short para hacer compras. Recuerda que sucedió una mañana, ya que ella era la única que podía salir de su casa en ese momento dado que sus padres son de la tercera edad. “Sus miradas eran asquerosas, no tenían ningún cuidado en voltear la cara hacia donde yo caminaba. Eran demasiado obvios, pero no podía encararlos”, exclama. Cuenta que en el camino de ida y vuelta a su casa tuvo que pasar por una situación similar con una patrulla motorizada del serenazgo.
Otra joven de 18 años que vive en Pueblo Libre experimentó una situación similar. Narra que un miembro de la Policía se le acercó para increparla por salir en cuarentena y ella solo atinó a responder que era una emergencia; no obstante, el policía comenzó a tocarla y a decirle que no podía hacer nada porque ella era la que estaba en falta. En ese entonces, la joven tenía 16 años y no pudo reaccionar frente a la agresión.
Chuy explica que hace falta modificar la ley para darle más importancia al testimonio de la víctima, de modo que el caso no sea archivado en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Además, la especialista enfatiza que es necesario optimizar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia para que puedan respaldar el testimonio de la víctima y, finalmente, mejorar la deficiente vigilancia urbana que hace posible la existencia de espacios de violencia en paraderos y puentes sin iluminación.
La abogada destaca que PAC busca coordinar con las municipalidades de San Juan de Lurigancho, Pucusana, La Molina, Rímac, Villa María del Triunfo y Santa Rosa y los veinte gobiernos regionales que siguen resistiéndose a aplicar la norma. Estas son las regiones cuyas autoridades no han puesto en vigencia la ley contra el acoso callejero, pese a que esta indica crear ordenanzas para su aplicación cotidiana: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.
Astridt Chuy también indica la necesidad de difundir información que visibilice al acoso callejero como una forma de violencia desde un enfoque de género y no a partir de prácticas que sigan revictimizando a las mujeres. Hace falta un consenso desde los diferentes niveles de gobierno para que la normativa sea difundida y realmente explicada en la sociedad civil, más aún desde las municipalidades que son el ente estatal más cercano.
Una muestra de esta desinformación se evidencia en el testimonio de Valentina Manosalva, de 18 años, y Kamila Laurente, de 19 años. Ambas estudian en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Las jóvenes, alumnas de las carreras de Derecho y Periodismo respectivamente, afirman desconocer que existe un protocolo para proceder con la denuncia, a pesar de residir en distritos que sí cuentan con ordenanzas como San Miguel y Breña. Asimismo, aseguran que durante su formación escolar no recibieron ninguna información sobre cómo actuar frente al acoso.
“Hasta cierta edad yo pensaba que era natural el acoso callejero. Sabía que podía denunciar, pero era como denunciar que te robaron 10 soles. Tú no vas a la comisaría para denunciar que te robaron 10 soles porque pierdes más tiempo que dinero. No te hacen caso”, dice Kamila. Valentina piensa que, aunque saquen leyes que promuevan la protección de las mujeres, igual los estereotipos de género siguen impactando sobre el sistema de justicia dado que prevalece una cultura machista. “Estoy haciendo un trabajo de investigación y veo que el machismo influye en las sentencias que dictan los jueces sobre estos casos. Al final no se vela por los derechos de las mujeres ni por su resguardo”, señala.
Marcela Huaita es docente PUCP y abogada. A lo largo de su carrera ha ejercido cargos en el sector público y privado enfocados en desarrollar y hacer efectivos los derechos de la mujer. Trabajó en esa dirección cuando ejerció el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el año 2015. Actualmente, es la jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la PUCP.
Consultada sobre las dificultades para aplicar la ley contra el acoso, explica: “No es suficiente con las normas que el Estado peruano ha dado para hacer frente a la violencia contra la mujer. Lo que se necesita es un cambio social y cultural”. Como refiere, lograr esta transformación es un reto enorme, dado que hasta hace una década el acoso sexual en espacios públicos era normalizado y aún en la actualidad se suele culpar directamente a la víctima cuando es acosada.
Además, Huaita precisa que el Estado solo podrá avanzar en estos cambios de naturaleza cultural y social si prioriza el trabajo de prevención, capacitación y sensibilización de la violencia contra la mujer, en lugar de enfocarse únicamente en la sanción, en el aspecto punitivo después de un acto de violencia que resulta irreparable.
La también profesora asociada de la Facultad de Derecho de la PUCP señala que las principales instituciones que deben trabajar para frenar el acoso contra las mujeres son las municipalidades distritales y provinciales, las cuales deberían contar con la asesoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). “Es responsabilidad del MIMP promover que los gobiernos locales implementen las ordenanzas de la ley frente al acoso sexual callejero, pues sin ordenanzas solo se posee una ley sin dientes”, apunta la especialista.
Tanto Chuy como Huaita resaltan la importancia de que las mujeres denuncien este tipo de violencia, aun cuando haya resistencias en el camino. Ambas sostienen que a las mujeres les queda forjar redes de autocuidado y autoprotección para contrarrestar la agenda política actual, la cual no es una aliada para combatir la violencia contra la mujer.
