FOTO: macronorte.pe

Huamachuco: minería ilegal en el cerro El Toro explota a niños y adolescentes

En la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad), la minería ilegal es responsable de la muerte y explotación laboral de menores de edad, daños ambientales irreparables y conflictos sociales que no tienen cuándo resolverse. Conversamos con Hugo Rodríguez, periodista de La República encargado de cubrir estos acontecimientos desde hace más de un año, quien nos brinda información sobre los delitos que rodean la actividad minera informal en el territorio aurífero denominado cerro El Toro.

Por Natalia Huerta

Alrededor de 150 niños y adolescentes trabajan en precarias condiciones laborales en los socavones mineros ilegales del territorio aurífero conocido como El Toro, cerro ubicado en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad. Esta denuncia la ha formulado el consejero regional de La Libertad Greco Quiroz, presidente de la Comisión Investigadora de Energía, Minas e Hidrocarburos de esta región. 

La comisión, conformada por los consejeros regionales Luis Alberto Rodríguez Ponce, Edgar López Chávez y Milagros Jennifer Catalán Cormán, realizó un informe que concluye que “la grave situación de explotación laboral y la minería ilegal viene causando daños al medio ambiente y el fallecimiento de personas inocentes que, por 20 soles diarios por jornada, son abusadas”. 

Este informe, emitido el 5 de julio de 2021, indica que desde 2015 alrededor de 40 menores han fallecido a causa de las precarias condiciones de seguridad laboral. El último accidente fatal se registró el 6 de mayo pasado cuando cuatro personas perdieron la vida asfixiadas debido al derrumbe de un socavón en el Cerro El Toro. Según las declaraciones de las autoridades policiales al momento de la intervención, uno de los fallecidos era un menor de edad. 

La región La Libertad concentra un importante porcentaje de actividad minera en el Perú. Se extrae oro, cobre, plomo y zinc, además de los contenidos de plata de los concentrados metálicos. El cerro El Toro es una zona aurífera cuya actividad data del año 2000, aproximadamente. Las autoridades han podido identificar a 42 presuntos mineros ilegales y a 66 propietarios de terrenos superficiales que forman parte de este territorio extractivo.

Lista de presuntos mineros ilegales en el territorio cerro El Toro hasta el 2021. Foto: Informe de la Comisión Investigadora de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Libertad.

En nuestro país, ningún menor de 14 años puede ser obligado a trabajar. Está prohibido según lo señalan el Código del Niño y del Adolescente y el Convenio n° 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, en La Libertad estas normas son letra muerta desde hace veinte años, aproximadamente, según el informe de la comisión. 

Además, especifica que el 80% de trabajadores no cuenta con el equipamiento y la indumentaria para realizar los trabajos, lo cual los deja desprotegidos ante los insumos químicos que se utilizan en las minas. En junio de 2020, Agapito de la Cruz Vásquez (36) y su hijo de 15 años perdieron la vida a causa de la inhalación de gases tóxicos que emanaban del hoyo donde extraían mineral aurífero. 

El periodista Hugo Rodríguez, quien lleva cubriendo los problemas de la minería ilegal en la región La Libertad desde inicios de la pandemia para el diario La República, explica que la precariedad económica de los pobladores de la zona empuja a los menores a aceptar esta clase de trabajos . “El adolescente de 14 o 15 años siente la obligación de volverse adulto a esa edad, siente que tienen que apoyar a su familia. Lo poco que gana en un día puede ser el sustento de su familia, dado que no alcanza con lo que ganan sus padres”, explica.

Entradas diminutas de los llamados “socavones de la muerte” que se abren en el cerro El Toro. Foto: La República. 

Materiales para el procesamiento de minerales fueron encontrados en una operación que la Fiscalía y la PNP realizaron en septiembre del 2021 . Foto: La República.

Pozos para el procesamiento de los minerales extraídos ilegalmente en el Cerro “El Toro”. Foto: PNP - La República.

Trabajadores en un pozo para el procesamiento de minerales extraídos ilegalmente. Foto: La República.

Zona de Cerro “El Toro” donde se produjo el derrumbe que costó la vida de cuatro personas el 6 de mayo del 2021. Foto: Andina.

Incluso los menores que no participan de la minería ilegal se ven expuestos a un ambiente tóxico debido al constante uso de materiales peligrosos para el ejercicio de esta actividad extractiva. En noviembre de 2020, dos niños de 11 y 12 años murieron cuando manipulaban explosivos abandonados por mineros ilegales.

El Ministerio Público del distrito fiscal de La Libertad ha denunciado a alrededor de 40 mineros ilegales por los presuntos delitos de homicidio, lavado de activos, extorsión, organización criminal, trata de personas, trabajo infantil, entre otros. 

“Los mineros ilegales  tratan de callar a las personas afectadas, les dan un dinero para que retiren las denuncias y todo termine en la impunidad”, expresa Hugo Rodríguez, quien considera que la minería ilegal en La Libertad pone en peligro la vida de quienes se dedican a ella.

Impacto ambiental y social

El Ing. Juan Pinillos, gerente regional del Ambiente de la Región de La Libertad, afirma que los mineros informales no tienen un manejo adecuado de sus actividades. Y esta negligencia perjudica el ecosistema de la región. “Los mineros extraen el oro y  dejan los relaves. Las intensas lluvias del invierno hacen que estos materiales se deslicen e ingresen a las tierras agrícolas o terminen contaminando el agua de los ríos”, explica.

Una de las últimas denuncias realizadas por contaminación se refiere a la Laguna Sausacocha, ubicada a 10 km. al noroeste de la ciudad de Huamachuco. Esta laguna es el principal atractivo turístico de la ciudad. Sus aguas están destinadas al riego de chacras y al consumo de la población. La laguna sostiene a más de 500 familias y a más de 900 regantes en la provincia de Sánchez Carrión.

Lamentablemente, se encuentra cerca de una de las zonas de mayor concentración de mineros ilegales. “Los que viven del turismo en Huamachuco levantaron su voz de protesta. Hay muchas personas que tienen criaderos de truchas, que viven del día a día del turismo. Ellos son los afectados”, cuenta Hugo Rodríguez.

Laguna Sausacocha, la cual ha sido contaminada por los materiales residuales de la minería ilegal. Foto: La Industria.

Pobreza y descuido estatal

Huamachuco, la ciudad donde creció el seleccionado nacional Christian Cueva, no tiene acceso a agua potable. Los ronderos de la ciudad exigen a las autoridades la asignación de un presupuesto para levantar un nuevo local del hospital Leoncio Prado, puesto que presenta daños estructurales. A los problemas de la salud pública, debe añadirse los de educación. Huamachuco carece de una universidad licenciada por la Sunedu. En enero de este año, esta institución del Estado le negó el licenciamiento a la Universidad Nacional Ciro Alegría dado que no pudo acreditar las condiciones básicas de calidad educativa que exige la Ley Universitaria.

El informe de la comisión indica que los caseríos ubicados cercanos al cerro El Toro que son afectados directamente por la actividad minera ilegal son Shiracmaca, Coigobamba Baja, Coigobamba Alta, Paranshique, Santa Cruz, y Ciudad de Huamachuco (Junta Vecinal N° 9).

La actividad principal de Huamachuco es la agricultura. Sin embargo, esta no siempre resulta rentable, por lo que poco a poco está siendo desplazada por la minería ilegal. “Muchos pobladores manifiestan que tienen que comer, tienen que educar a los hijos y así van abandonado los sembríos. Todo eso lleva a que las personas se inclinen por trabajar en actividades como la minería ilegal”, expone Hugo Rodríguez.

Debido a que muchos miembros de la comunidad se han vuelto cómplices de la minería ilegal, las opiniones se confrontan entre distintos caseríos. “Una parte de la población, que se ve beneficiada directamente por la minería ilegal,  defiende este trabajo. Pero existe también otra parte de la población que está cansada de la contaminación del medio ambiente, de sus terrenos y de la comunidad en general”, complementa el periodista. 

Estas diferencias han ocasionado enfrentamientos entre comuneros, uno de los cuales concluyó con la muerte de un menor de 14 años en octubre del 2020, en medio de una balacera que enfrentó a mineros ilegales y a los ronderos en el caserío de Coigobamba, en Huamachuco. “El llamado de muchas familias es que se erradique la minería ilegal, pero, lamentablemente, también hay autoridades involucradas en el negocio”, revela Rodríguez.

Vista de la explotación minera en el Cerro El Toro. Foto: Archivo personal.

Deficiencia en la respuesta de las autoridades

No han sido pocas las operaciones policiales y del Ministerio Público en el cerro El Toro , para frenar la acción de las mineras ilegales. En múltiples ocasiones, se han clausurado socavones. Sin embargo, al cabo de pocos días, estos vuelven a retomar sus actividades como si nada hubiera sucedido.

“Los dueños de estos socavones son autoridades de la misma comunidad. Son tenientes gobernadores, directivos ronderiles, entonces están todos ahí mezclados y cada quien jala agua para su molino”, asevera Hugo Rodríguez. “Vemos nombres que se repiten y son investigados por la Fiscalía pero nunca se llega a  un juicio, nadie asume la responsabilidad”, añade.

Entre los investigados por el Ministerio Público figura Luis Mauricio Carhuallay, quien alquila el predio de los hermanos Sánchez Ballena, conocidos terratenientes de la región. Asimismo, Jorge Espejo Moreno, propietario de Mineral ‘s Doña Julia, investigado y sancionado por la Gerencia Regional de Minería. También  Guillermo Gonzales, quien es además cuñado del pastor evangélico y dirigente comunal Oswaldo Alva Polo, y “Ekeko” Pizán, conocido por abastecer la zona de explosivos y de cianuro.

Juan Pinillos, el Gerente del Ambiente de la región La Libertad, afirma que no cuentan con atribuciones para fiscalizar la actividad minera. “Nosotros vemos lo que pasa fuera de la mina y decimos ‘sí, efectivamente está contaminado por los efluentes que se generan’, pero hasta ahí llegamos, no podemos hacer más”, lamenta. 

Pinillos afirma que la lucha contra la minería ilegal requiere del apoyo de entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Ministerio de Energía y Minas. Su visión sobre este problema es pesimista. Para él la lucha contra la informalidad es una causa perdida. “La minería informal es un mal que nunca se va a poder erradicar”, sentencia.

Hugo Rodríguez, el corresponsal de La República, es más optimista. Si bien admite que es un problema estructural, cree que la presencia del Estado es clave y que se debe empezar por la prevención. “Hacen falta proyectos sociales para que los jóvenes busquen nuevas opciones laborales”, concluye.