Los resultados de una investigación de dos años de Amnistía Internacional confirman que la población de once comunidades de Espinar se encuentra expuesta a sustancias como arsénico, mercurio, plomo, cadmio y manganeso.
Por: Bárbara Contreras
Portada: Milagros Salazar – Convoca
Un estudio científico llevado a cabo por Amnistía Internacional en colaboración con la organización Derechos Humanos Sin Fronteras encontró altos niveles de plomo, cadmio, arsénico, mercurio y manganeso en las muestras de sangre y orina de 117 personas de Espinar (Cusco).
La investigación, realizada entre 2018 y 2020 y publicada en mayo de este año, se hizo con base en el análisis de 150 muestras de voluntarios de once comunidades indígenas de la región, las cuales se encuentran en el área de influencia del proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya, propiedad de la transnacional anglo-suiza Glencore.
De estas muestras, 88 personas registraron niveles elevados de arsénico, 44 de manganeso, 19 de cadmio, 7 de plomo y 3 de mercurio. Asimismo, 14 personas mostraron altos niveles de contaminación de más de uno de estos metales.
Estos últimos voluntarios fueron entrevistados y manifestaron tener síntomas de cansancio crónico, calambres, náuseas y dolor en los pulmones, huesos y riñones, úlceras rectales, ceguera, problemas de próstata y tumores cancerígenos.
La evidencia científica sobre los daños de salud relacionados a la exposición de estos metales señala que son tóxicos para el organismo aún en bajos niveles en el cuerpo, ocasionando daños a la piel, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso.
“Estas sustancias pueden entrar al cuerpo al respirar aire contaminado, al consumir agua y alimentos contaminados, o a través del contacto con polvo y suelos contaminados”, precisa el informe.
Según el estudio, es muy probable que el número de personas con niveles elevados de estos metales en la sangre sea mayor, si se toma en cuenta que cerca de 8000 personas viven en condiciones similares.
La investigación recomienda a las autoridades gubernamentales realizar evaluaciones que determinen con exactitud la causa de la presencia de estas sustancias tóxicas en la población de Espinar. Asimismo, insta a garantizar agua segura y limpia de metales pesados a los habitantes y dar atención médica especializada a personas afectadas por la contaminación.
“La Gerencia Regional de Salud de Cusco ya se ha comunicado con nosotros para hablar sobre el informe. Esperamos que este estudio se tome como una referencia científica de la situación en Espinar y que impulse un plan de atención a la salud que involucre a la población”, expresa Karem Luque, quien fue parte de la investigación como experta en salud ambiental de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras.
Un problema de largo aliento
El estudio se realizó a solicitud de las propias comunidades de Espinar en el 2018, durante las misiones de Amnistía Internacional en la zona. Sin embargo, los reclamos de atención a personas afectadas por metales pesados datan desde el 2012, cuando las comunidades tuvieron conocimiento de la presencia de estas sustancias en sus organismos por primera vez.
La información llegó a ellos a partir de la investigación del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), realizada en el 2010 y publicada dos años más tarde. Los resultados ya registraban niveles preocupantes de arsénico, mercurio, plomo y cadmio en la población.
El informe observaba la necesidad de mayores investigaciones que determinaran la procedencia de los metales encontrados en este grupo de personas. Asimismo, recomendaba mantener un monitoreo periódico de la zona por ser vulnerable a los efectos que residuos peligrosos generados por la minería pudieran ocasionar.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también advirtió el peligro que suponía la existencia de tuberías de la empresa minera que desembocaban en humedales, como parte de la inspección realizada a la compañía Antapaccay en el 2013.
Una respuesta que sigue sin llegar
Ocho años más tarde, los avances en la identificación de la fuente de estas contaminaciones y de su relación con la actividad minera siguen sin ser significativos. La investigación encargada al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) en el 2015, cuyos resultados serían decisivos para determinar este vínculo, resultó no ser concluyente.
“Desde hace años lo único que se plantea desde el Gobierno es realizar análisis de sangre y agua a las comunidades. Pero lo que se requiere son acciones que no solo apunten a medir la contaminación, sino también a reducirla y controlar las secuelas que ha ocasionado en la gente. Identificar la fuente y ruta de la contaminación es una de ellas. Las mediciones por sí solas no se transforman en políticas públicas que realmente cambien las cosas”, afirma Ana Leyva, abogada de la ONG “CooperAcción”, quien ha acompañado a la población en sus demandas.
Mientras tanto las comunidades de Espinar permanecen en incertidumbre. “Pedimos a las autoridades que nos hagan curar, que cumplan con las medicinas. Pero las promesas del Estado no se cumplen. Yo ya no tengo fuerza para trabajar, no puedo viajar lejos. Para estar sufriendo así me dan ganas de morir”, expresó Melchora Surco, de la comunidad del Alto Huancané, a Amnistía. La contaminación de sus ríos y manantiales, así como la degeneración progresiva de su salud constituyen sus únicas certezas.
