Las investigaciones fiscales a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, por su trabajo en el caso Odebrecht y Juan Carlos Tafur, director de Sudaca, a quien se le allanó su vivienda por presuntamente ser operador dentro de una red criminal, han generado alarma, en el Perú, ante la posible amenaza contra la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas. Andrés Calderón, abogado y docente de las facultades de Derecho y Ciencias y Artes de la Comunicación en la PUCP, cuestiona las acciones de la Fiscalía de la Nación.
Por Somos Periodismo
El pasado 27 de marzo el fiscal supremo Alcides Chinchay abrió una investigación al periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros por aparentemente favorecer con publicidad a los fiscales anticorrupción José Domingo Pérez y Rafael Vela. El fiscal ha solicitado las comunicaciones de Gorriti con Pérez y Vela y otros números telefónicos entre 2016 y 2021, cuando el periodista se encontraba investigando el caso Lava Jato; sin embargo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones telefónicas constituye una vulneración de la protección de las fuentes periodísticas.
“El fiscal no puede obligar a un periodista a revelar el contenido de sus comunicaciones ni siquiera con quiénes se ha comunicado. Está protegido por el derecho al secreto de las comunicaciones. El periodista no está obligado a revelar la identidad de sus fuentes periodísticas. No se puede vulnerar el secreto de confianza con las fuentes periodísticas”, advierte Calderón.
Como parte de las investigaciones del caso «La fiscal y su cúpula de poder», el pasado 23 de abril el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) allanó la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur de Sudaca por presuntamente ser operador dentro de una supuesta red criminal liderada por la ex fiscal de la nación Patricia Benavides, con quien el periodista se reunión en más de una ocasión. En el allanamiento, se incautaron documentos, laptops y celulares pertenecientes a su esposa y trabajadores.
“Al allanar el domicilio de un periodista, lo que puede ocurrir es que eventualmente los investigadores o fiscales podrían tener acceso a documentación que revele las fuentes periodísticas. En el caso de Tafur, esto se debió proteger en la autorización para el allanamiento, pero creo que no se ha cumplido”, alerta Calderón en relación con el derecho a la reserva de fuentes periodísticas.
De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), una clasificación que la institución elabora cada año, el Perú es uno de los países que más ha retrocedido en materia de libertad de prensa en 2023, al ocupar el puesto 110 de 180, una caída de 33 posiciones respecto de 2022, lo que revela que las condiciones para ejercer el periodismo se han deteriorado considerablemente en el país.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía de la Nación advierten la urgencia de asegurar el libre ejercicio de las libertades de expresión e información y el desconocimiento de las autoridades sobre la labor periodística frente a las fuentes de información. “Yo creo que estas medidas no han sido justificadas, no están proporcionadas. Se tiene que entender que para hacer su trabajo los periodistas tienen que conversar con la fuente sin importar si ella tiene mala reputación o ha cometido un delito. Hay que distinguir la responsabilidad que puedan tener las fuentes por las acciones que cometen de la actividad periodística comprometida con el acceso a la información”, explica Calderón.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instamos a las autoridades competentes a garantizar la libertad e independencia de la labor periodística, asegurando las condiciones necesarias para su ejercicio, dada su importancia para el bien común de la sociedad civil y nuestras democracias.
Encuentra la entrevista a Andrés Calderón ingresando al siguente enlace: https://www.instagram.com/reel/C6g6KZGrhZq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==