Recibir una población foránea de más de 650 mil habitantes en dos años y medio pone a cualquier país en aprietos. Eso pasa con el Perú, que de la noche a la mañana dejó ser conocida como una nación de emigrantes para convertirse en la tierra prometida de la inmigración venezolana. Este reportaje explica cómo afrontan este desafío las entidades estatales y profundiza en el drama humano de quienes se han visto obligados a empezar una vida nueva entre nosotros.
Por: Jan Doria y Alejandra Baluarte
Portada: Diario «La Voz»
No solo de pan vive el hombre. Juan Carlos Villegas recuerda que sí tenía pan cuando salió de Venezuela, pero no estaba contento. “Necesitaba más”. Allá trabajaba como profesor de matemáticas y ganaba un sueldo que él consideraba decente. Sobrevivía, pero no vivía bien. Por eso decidió salir de su país natal y se fue a Ecuador. Cuando las cosas no funcionaron allá se vio tentado por el país de moda, Perú. “Tiene buena fama. La comida cuesta poco y el alquiler es razonable”. Pero para poder pagar un alquiler, uno necesita un trabajo. Y para poder trabajar legalmente en el Perú se necesita contar con la autorización respectiva.
“La principal preocupación de los venezolanos es regularizar su situación migratoria porque ellos necesitan trabajar con papeles”, explica Óscar Pérez, de la ONG Unión Venezolana. Un migrante venezolano puede acceder al permiso de trabajo de dos formas: la primera es obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), una “entrada VIP”, como lo llama Pérez: “El PTP es más que un documento de identidad: es la puerta que nos puede abrir muchas oportunidades”. Pero este camino ya se ha cerrado: el 31 de diciembre de 2018 fue el día límite para solicitar el PTP. Hasta esa fecha lo podía pedir cualquier venezolano que hubiera ingresado antes del 31 de octubre de 2018.
Por otro lado, la condición de refugiado solo se otorga a los que cumplen los requisitos establecidos en la Convención de Refugiados de Ginebra, un documento del derecho internacional que data de 1953. Según este, son refugiados los que corren riesgo de persecución por sus opiniones políticas, raza, religión, grupo social o nacionalidad. De hambre y de falta de oportunidades económicas como condiciones para obtener el refugio no se habla en esta convención.
Juan Carlos Villegas dice que pagó cien soles por su carta de solicitud de refugio frente a la sede de la Comisión Especial de Refugiados (CEPR), en San Isidro. Admite que lo hizo “para recibir la autorización de trabajo” de la manera la más rápida posible. Y comenta que así lo hacen también otros venezolanos. Tal parece que las autoridades, la sociedad y los medios estarían respondiendo de manera ordenada y eficaz al desafío migratorio venezolano. Pero ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente funciona todo bien por aquí?
Un refugiado a carta cabal
No solo de pan vive el hombre. También necesita libertad. Y en Venezuela la libertad está amenazada. Eso lo sabe bien el periodista Adolfo Ramírez. Un mes después de terminar sus estudios en Barinas, la ciudad natal de Hugo Chávez, contra él y sus compañeros se ordenó una orden de captura de parte del régimen. Su delito: haber organizado manifestaciones en contra del gobierno e integrar el equipo de marketing de medios sociales de “El Pitazo”, un periódico que no siempre comparte la opinión de los que gobiernan en Venezuela. “Si tú piensas distinto y hablas mal del gobierno públicamente puedes ir preso”, explica Ramírez.
Él salió de Venezuela de manera ilegal, con un pasaporte vencido y tuvo que disfrazarse para cruzar la frontera. Muestra su pasaporte y no figura la estampilla de salida. Primero solicitó refugio en Colombia, pero allá, como solicitante de refugio no se puede trabajar. Le recomendaron trabajar como ilegal en el mercado negro, pero de ser descubierto lo habrían enviado de vuelta a Venezuela. Era un riesgo que no podía correr. Fue así como sus familiares le pagaron un pasaje aéreo a Lima, Perú, el país donde había vivido su abuelo en los años setenta. Además, el gobierno peruano ya había calificado como una «dictadura» al régimen de Nicolás Maduro. Ramírez pensó que aquí iba a encontrar el soporte político necesario. Cuando hizo su solicitud de refugio en la frontera le dijeron que el trámite iba a durar seis meses. Pero tal es la cantidad de migrantes que llegan al Perú que esta gestión ahora dura mucho tiempo. Ramírez lleva esperando un año.
En algún momento sintió que no podía esperar más. Pensó en viajar a Estados Unidos y empezar de nuevo allá. Tiene una visa de residencia de diez años que su familia obtuvo en mejores tiempos. Sin embargo, si salía del Perú perdía el derecho a la condición de refugiado. Sin saber qué es lo que más le convenía hacer, cargado de angustia y desesperación, Ramírez admite que incluso pensó en suicidarse. El periodista venezolano dice sentirse molesto con el comportamiento de sus compatriotas que pidieron refugio únicamente para trabajar un tiempo, juntar dinero e irse a Chile, sin presentarse a la cita solicitada ante la Comisión Especial de Refugiados. Argucias como esta dilatan el trámite que él realiza con paciencia.
Disminución mágica
El 25 de agosto de 2018 el gobierno peruano implementó una nueva norma respecto a la migración venezolana. Desde ese día es necesario presentar pasaporte para poder ingresar legalmente al país. Así se tendría un mayor control migratorio, fundamentaron las autoridades peruanas.
Desde entonces en la frontera hubo cambios. Ahora existen dos mesas de recepción: una para el ingreso legal con pasaporte. Y otra para pedir refugio. Los que tienen pasaporte entran con la calidad de turista para después tramitar el PTP. Los que no lo tienen piden refugio. “Los venezolanos llegan a la frontera y preguntan: ‘¿Cómo hago para entrar?’, y les dicen: ‘refugio’. Entonces piden refugio”, explica el periodista Ramírez. Poco después de adoptada esta medida el gobierno peruano anunció que el número de inmigrantes venezolanos que ingresan a diario se había reducido de 3000 a 1500.
Julio Gutiérrez no entiende estas cifras. Es portavoz de la Organización Internacional de Migración (OIM) en Lima, y en su institución saben que el flujo de migrantes no ha bajado. Solo que ahora hay 1500 personas que ingresan pidiendo refugio y son excluidas de las estadísticas. Es como si desaparecieran por arte de magia, pero en cuanto vuelves a mirar dentro del gran gorro de mago, ellos aparecen otra vez. Según Gutiérrez, la exigencia de pasaporte no ha tenido ningún efecto positivo y fue una “respuesta a la cobertura de los medios que demandaba frenar la inmigración de venezolanos”.
“Lo único que se logra exigiéndoles el pasaporte es quitarles la opción de regularizar su estadía en el país. Si ingresan como refugiados los empujan hacia la informalidad, y empoderan las redes de tráfico y la trata”, agrega Luisa Feline Freier de Ferrari, profesora de ciencias sociales y políticas de la Universidad del Pacífico. La docente critica que la respuesta del Estado peruano ante el flujo migratorio no se haya basado en una política con bases científicas, sino en medidas populistas.
Por su parte, la Comisión Especial de Refugiados (CEPR), responsable del trámite de refugio, no estaba preparada para el cambio que se registró en agosto y provocó el aumento de las solicitudes de refugio, comenta Freier de Ferrari. Esta es una comisión que hasta hace poco solo tenía cinco empleados para entrevistar a miles de refugiados. Con la ayuda de ACNUR en octubre pasado el personal aumentó a 39, pero el horario de apertura no ha cambiado. De pronto, esta comisión tiene que recibir un promedio de 800 refugiados al día.
¿Un reglamento que no tiene sentido? ¿Una comisión que no está preparada? Más allá de la aparente amabilidad del gobierno peruano y, mientras las historias de un Tumbes en emergencia preocupan a expertos tanto como a peruanos y venezolanos, es necesario hacer un análisis más profundo de esta respuesta. En el fondo las cosas no están tan bien como parecen.
Una entidad pública
Ante ese resultado era necesario confrontar a las autoridades con algunas preguntas. ¿Por qué la exigencia de pasaporte? ¿No es improvisado hablar de una “política a corto plazo”? ¿Qué medidas debe tomarse para que los trámites sean más rápidos? San Isidro, un viernes por la tarde. El tráfico se embotella en la Vía Expresa. Una vez más, la Ciudad de los Reyes se convierte en la ciudad de las bocinas. En la entrada de la CEPR hay una cola de venezolanos que espera para ingresar. Si no fuera por esa cola, uno no se daría cuenta de que está delante de una institución que maneja la crisis migratoria más grande en la historia del Perú. No cuenta con una bandera, ni siquiera con una placa que indique su nombre.
Solicitamos una entrevista y el guardia dice que debemos buscar al doctor Hinostroza, en el segundo piso por la derecha. En el segundo piso por la derecha encontramos una sala de espera. Un cuarto absolutamente impersonal, de paredes grises, una mesa con la pata rota, un par de sillas. La “sala” ni siquiera tiene un techo propio, es de calamina. Si lloviese, sobre las cabezas de los que están esperando… Por suerte en Lima solo llovizna.
Más de una hora después, nos hace pasar el señor Hinostroza. Al percatarse de que se trataba de dos periodistas y no de migrantes que solicitaban realizar algún tipo de trámite, el hombre llamó al personal de seguridad. “Cuando vengan la próxima vez los dejen entrar enseguida, por favor”. “Sí, doctor. Claro, doctor. No sabíamos, doctor”, responde el guardia.
El doctor Hinostroza dice que le gustaría ayudarnos, pero que no está autorizado. Debemos dirigirnos al señor Patricio Rubio, secretario ejecutivo de la CEPR. Él ahora no se encuentra. Hinnostroza sugiere que volvamos el próximo martes. “Lo siento”, dice. “Es que somos una entidad pública”.
Es martes y la entidad pública nos permite hablar con la secretaria del señor Rubio, él está en reunión cerrada. “Pero pueden dejar sus datos de contacto, los llamamos cuando tenga tiempo”. Ni llamaron ni se comunicaron. Nosotros sí llamamos, pero la secretaria “no estaba disponible”. Nos acercamos una tercera vez a la sede de la CEPR, pero esta vez el señor Rubio “salió de viaje”.
La Comisión Especial de Refugiados no puede o no quiere hablar con periodistas.
El 98% no califica como refugiado
«No desproteger a ninguno». Así se leía, en letras rojas y mayúsculas, el 22 de noviembre del año pasado en una conferencia del en la Universidad Católica.
“El compromiso del Estado peruano es no desproteger a ninguno”, afirma Patricio Rubio, miembro asociado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) en una conferencia realizada en la Universidad Católica en noviembre del año pasado. Rubio habla libre, sin manuscrito, y por convicción. Su comisión no rechazaría a ninguno, quien que se presente allá en la CEPR, será atendido, asegura.
“Algunos de los que inicialmente solicitaron refugio también pidieron el PTP y ahora ya no quieren más el refugio”. Lo mismo había declarado en una entrevista con Panamericana casi un año atrás: “El 98 % de los venezolanos que llegan al país no califica como refugiados, pero los tenemos como solicitantes de refugio y pueden trabajar y permanecer en el Perú. Pensamos que hay una confusión entre lo que es la figura del refugio y la figura del PTP”.
Parece que la CEPR sabe del problema, y lo sabe desde hace mucho.
Consultado sobre la estrategia estatal ante este problema, Rubio responde lo siguiente: hay que priorizar los casos urgentes de protección, quienes no califican para el refugio quedan “al costado y su situación dependerá de cómo vamos avanzando”. ¿Las estrategias que existen para el 2019? “No lo sé”.
Lo que viene después del PTP
“La CEPR tiene problemas para responder al alto número de solicitudes”, confirma Wendy Zillich, de ACNUR, en una conferencia realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la PUCP el 13 de noviembre de 2018. Pero el problema más grande está aún por llegar: ¿Qué pasará cuándo se haya vencido el plazo para el PTP en diciembre? Zillich cree que “todos los que no puedan acceder al PTP van a pedir refugio, y eso va a hacer colapsar el sistema aún más”. Por su experiencia con otros países que vivieron situaciones similares, ACNUR recomienda oficialmente al Perú aplicar los criterios de la Convención de Cartagena, los cuales son más amplios que los de Ginebra. Sin embargo, hasta el momento no parece que el Perú quiera ceñirse a ello: “La situación en Venezuela tendría que estar aún peor para que lo apliquemos”, dice Patricio Rubio, aunque al mismo tiempo también habla de una “situación humanitaria grave” en Venezuela. ¿Cuánto más grave tendría que ser la situación?
Otro problema ya asoma: pronto vencen muchos permisos que ya habían sido otorgados. Necesitan tramitar la calidad migratoria “especial”. Y con ella empieza toda la burocracia de nuevo: según la página web de Migraciones para obtenerla será necesaria una declaración jurada de no registrar antecedentes penales. “No registrar antecedentes penales” significa “demostrar que uno no trabajó ilegalmente en el país”, según consta Cécile Blouin, del IDEHPUCP. ¿Pero qué pasa cuando uno se ha visto forzado a trabajar ilegalmente porque no obtuvo el PTP a tiempo? Nadie lo sabe. “Políticas sí existen, pero en la práctica funcionan con deficiencias ”: esto es el resumen de los expertos de migración en relación con la gestión peruana del desafío venezolano.
No solo de burocracia vive el hombre
¿Entonces qué sería necesario para mejorar la gestión del Estado?
Adolfo Ramírez, quien pudo obtener su carnet de solicitante de refugio después de mucha presión de ACNUR y de su abogado, piensa que el Estado peruano debería contratar más personal para la CEPR, pero ve improbable que lo haga pronto. Juan Carlos Villegas, por su lado, el venezolano que pidió refugio porque le da un acceso más rápido al permiso de trabajo que necesita, no tiene por qué temer que no le den el asilo. Cuando lo entrevistamos le quedaban cuatro meses aún hasta que llegue la respuesta a su pedido. Esperaba contar con el PTP para esa fecha, o, en su defecto, el carnet de extranjería.
No solo de pan vive el hombre. También necesita trabajo para poder pagar su vida. Necesita libertad para poder expresar su opinión. Y a veces también necesita a una burocracia eficaz y rápida que le garantice el acceso a ambos.
