En Perú hay casi 1,5 millones de migrantes venezolanos, la mitad de los cuales son mujeres. Los testimonios de dos venezolanas confirman que la vida es tres veces más dura cuando se es mujer, emigrante y venezolana. En unos cuarenta minutos, exploramos los diferentes aspectos de la discriminación y la violencia, debatimos sus implicaciones sociales y consideramos posibles vías de actuación.
Por Léna Lebouteiller
Portada: Killa Cuba
Introducción
Hola a todos y todas. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia de género adopta formas muy diversas, una de las cuales es la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas. En ese marco, el Movimiento Manuela Ramos y la Alianza por la Solidaridad lanzaron la campaña “Vulnerabilidades, violencias y derechos sexuales reproductivos desde la perspectiva de los derechos humanos”, que busca visibilizar la situación de las migrantes venezolanas en América Latina.
En Perú hay casi 1,5 millones de inmigrantes venezolanos, de los cuales el 48% son mujeres. Como señala la Alianza por la Solidaridad, estas mujeres «sufren múltiples discriminaciones debido a su nacionalidad, situación migratoria y género».
Dado el número de mujeres venezolanas que viven en Perú y el grado de discriminación que sufren en el país, se trata de un asunto sumamente importante. No debe tratarse de forma simbólica o anecdótica cada 25 de noviembre, sino de forma amplia y precisa a lo largo de todo el año. Por encima de todo, hay que dar espacio a las voces de las mujeres venezolanas para que se expresen. Eso es lo que quería hacer aquí.
En este podcast, escucharás el testimonio de Vanesa Núñez, una joven de 18 años de origen venezolano.
Rosario Vegas, quien llegó de Venezuela al Perú en 2018, también accedió a compartir su testimonio.
Estas palabras irán acompañadas de un análisis de Leda Pérez, investigadora de la Universidad del Pacífico, especializada en el estudio de la mujer venezolana en el ámbito social y laboral.
Por último, me referiré al trabajo de las ONG Alianza por la Solidaridad, una organización que busca luchar contra las desigualdades e injusticias, y Amnistía Internacional, que han resumido los resultados de sus investigaciones en informes inspiradores.
Estas tres invitadas y el escrutinio de los informes ayudarán a responder las muchas interrogantes que se plantean. En este podcast, intentaremos entender: ¿Cuáles son las modalidades de estas migraciones? ¿Qué derechos tienen las mujeres venezolanas en Perú? ¿Se sienten plenamente integradas? ¿Cómo se manifiesta esta discriminación? ¿En qué consiste la violencia de género? ¿De quién es la culpa? ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo podemos actuar?
«La triple pena de ser mujer, migrante y venezolana en Perú». Un podcast de Léna Lebouteiller, para Somos Periodismo.
Resituar: ¿Cuál es la situación de las mujeres venezolanas?
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, es necesario recordar el contexto de estas migraciones. Venezuela vive actualmente la peor crisis política, social y económica de su historia. La represión y las violaciones de los derechos humanos se han convertido en moneda corriente. El país, asolado por la inflación, la inseguridad y la pobreza, ha dejado de ser habitable para muchos. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, calcula que cada día salen de su país entre 4.000 y 5.000 venezolanos. Este flujo migratorio constituye un récord en América Latina en los últimos cincuenta años.
Los países vecinos, Colombia y Perú, son los principales receptores.
También son, según el medio France 24, los dos principales países de acogida a la hora de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las refugiadas venezolanas.
Para Vanesa y Rosario, salir de Venezuela no fue una cuestión de elección sino de necesidad, de supervivencia.
Rosario también explica su situación cuando salió de Venezuela.
Este contexto de crisis contribuye a hacer de las mujeres migrantes venezolanas un grupo vulnerable, según Leda Pérez.
El impacto de la pandemia
Además, la pandemia ha agravado aún más estos fenómenos. Según el último informe de APS, Alianza por la Solidaridad, sobre la «Situación de mujeres venezolanas migrantes en Perú y Bolivia», el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres migrantes venezolanas se manifiesta en machismo, discriminación, violencia sexual, xenofobia y aporofobia. A nivel micro, es decir, dentro de los hogares y las familias, han aumentado la desigualdad y la violencia.
Esto es también lo que sugiere Leda Pérez en cuanto a la violencia de género.
Derechos en teoría, discriminaciones en práctica
Mientras se aprende poco a poco a gestionar la crisis sanitaria, la vulnerabilidad ligada al contexto del país de origen sigue reflejándose profundamente en Perú. De hecho, aunque los derechos se conceden en teoría, siguen siendo en gran medida inaccesibles en la práctica. Muchas de estas dificultades están asociadas a los procesos de regulación de la migración y a la falta de información.
La profesora Pérez explica esta brecha entre teoría y práctica en el caso de las víctimas de violencia de género.
Por otro lado, actualmente, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes en Perú es gratuito y accesible, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la investigación realizada por APS muestra que el 51% de las mujeres no gestantes que necesitaban servicios de salud sexual y reproductiva no acudieron a un centro de salud. Esto se debía a que desconocían el servicio o lo temían debido a su situación migratoria.
Vanesa conoce a muchas mujeres que han tenido dificultades para acceder a los centros de salud.
Además, el acceso al empleo está plagado de dificultades. Los problemas de documentación impiden acceder al trabajo en el sector formal, lo que aumenta aún más su precariedad. De hecho, según el mismo informe de APS, la regulación de la situación migratoria de la población migrante venezolana tiende a priorizar al hombre/marido/padre ante la necesidad de acceder a mejores empleos y, por tanto, desatiende las necesidades de las mujeres.
Como resultado, algunas mujeres, como Rosario, han preferido valerse por sí mismas.
Estigma
Además de esta discriminación a nivel meso-social, es decir, por parte de las instituciones estatales encargadas de la normativa y de los establecimientos sanitarios o laborales, existe un profundo estigma social.
Para Vanesa, los prejuicios están arraigados en la sociedad peruana, difundidos y fomentados por un sistema mediático sensacionalista.
Rosario me habla, y hay una sorprendente similitud con las palabras de Vanesa, sobre el estigma que sufre, e ilustra un círculo vicioso de discriminación que crea aún más discriminación.
Y de hecho, al igual que se trivializa el estigma, los obstáculos que provoca se encuentran en la vida cotidiana. Vanesa nos cuenta que las cosas básicas se vuelven difíciles.
Violencia de género
Sin embargo, este estigma va mucho más allá de las microviolencias de la vida cotidiana, mucho más allá de lo simbólico y lo verbal. Alimenta una violencia de género que ya es endémica del sistema patriarcal.
Según ACNUR, el término “violencia de género” hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género.
Tiene lugar en todas partes de la sociedad: en el espacio público, en la pareja, en el lugar de trabajo e incluso en el hogar.
Esta violencia tiene su origen, en primer lugar, en la hipersexualización de la mujer venezolana, constantemente despreciada y asociada con prostitutas, ladronas y sanguijuelas.
Esta violencia verbal se manifiesta luego en violencia física, de la que son víctimas muchas mujeres independientemente de su nacionalidad en Perú. En el primer semestre de 2021, casi 70.000 mujeres fueron atendidas en Centros de Emergencia Mujer (CEM) como consecuencia de violencia física, psicológica y sexual.
En el imaginario colectivo, las mujeres migrantes venezolanas son las encargadas de poner límites al comportamiento de los hombres.
Rosario nos cuenta su experiencia, y muestra cómo un estigma siempre acaba traduciéndose en peligros muy reales.
Estas barreras jurídicas se pusieron de relieve en el informe de Amnistía Internacional.
De hecho, el derecho de acceso a la justicia se desarrolló a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se supone que este acceso incluye la disponibilidad de información sobre los derechos de las víctimas, así como los recursos disponibles.
Aunque Perú ha avanzado en estas cuestiones, la investigación de Amnistía muestra que la práctica está aún lejos de completarse. El informe indica la existencia de una falta de información sobre rutas de atención, de un estatus migratorio irregular, de un desconocimiento de las normas aplicables por parte de las autoridades, de discriminaciones y estereotipos compuestos, de medidas efectivas de protección insuficientes, y de recopilación de información deficiente.
En cuanto a Vanesa, no ha sufrido violencia física, pero recuerda la triste recurrencia del acoso callejero.
Un problema principalmente estructural
Como hemos visto, las experiencias de las mujeres venezolanas en Perú están vinculadas a la discriminación por razones de género, estatus migratorio y nacionalidad. De ahí la importancia de abordar estas injusticias no como problemas sectoriales aislados, sino como una lacra estructural.
Si este problema es tan amplio, ¿quién es el responsable?
Para Vanesa, se trata de un sistema profundamente desigual, desde el Estado hasta la cultura machista, pasando por los medios de comunicación de corte sensacionalista.
Según el informe de Amnistía Internacional, en materia de violencia de género, Colombia y Perú incumplen su deber de ofrecer protección estatal. Existe una falta de acceso efectivo a los procesos de protección internacional y regulación de la migración, ya que los Estados no difunden la información. Por tanto, los derechos de las mujeres son desconocidos y, por extensión, inaccesibles.
Dada la magnitud del problema, es necesaria una perspectiva interseccional en todas las luchas activistas, pero también en cualquier estudio y tratamiento mediático del tema.
Estas discriminaciones se entrecruzan y acumulan entre sí. Para Vanesa, el ser adolescente, mujer y migrante, fue una «triple tragedia». Activista del colectivo Quinta Ola, publicó un artículo sobre este tema el año pasado.
Lo que hay que cambiar
Pero si el problema es tan grande, ¿qué hay que cambiar? ¿Dónde empezamos?
Según las recomendaciones de APS, lo primero que hay que hacer es establecer medidas de protección para las mujeres migrantes venezolanas, a fin de que puedan acceder más fácilmente a Perú y evitar las rutas de trocha.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos y la violencia de género, es necesario incidir en los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, los centros de salud y las fuerzas del orden para garantizar que todos respetan los derechos humanos y combaten la discriminación y los estereotipos.
Necesitamos crear estrategias que faciliten la denuncia de la violencia y den prioridad a su seguridad (refugios, hogares, casas).
Se necesitan talleres, campañas de comunicación y reflexiones públicas para reforzar su empoderamiento y el conocimiento de los derechos que se les suponen, especialmente en materia de salud y justicia.
Para Leda Pérez, el primer paso es reconocer el problema como tal, para poder orientar las políticas públicas en esta dirección.
Vanesa habla de la necesidad de un cambio global de mentalidad.
Línea de actuación: activismo
Ante la amplitud del desafío, podríamos caer rápidamente en la actitud de «no puedo hacer nada, está por encima de mí, viene de ahí arriba». Sin embargo, cada uno de nosotros, a nuestro nivel, podemos desempeñar nuestro papel, empezando por romper la ley del silencio imperante.
Para Vanesa, quien empezó a trabajar con Quinta Ola muy joven, el activismo parecía ser una salida frente al silencio que parecía predestinado.
Sobre la necesidad de incomodar
Recapitulemos. En este podcast hemos visto que las mujeres venezolanas que viven en Perú sufren mucha discriminación y violencia por ser mujeres, por ser migrantes, por ser venezolanas. Por tanto, es una cuestión que debe abordarse a todos los niveles: la política se hace tanto en casa, con la familia y los amigos, como en el Congreso. Para luchar por unas condiciones de vida dignas, por la igualdad de acceso al mundo laboral y al sistema sanitario, y por una vida libre de violencia, es necesario un movimiento interseccional que tenga en cuenta todas estas discriminaciones que se entrecruzan.
Estemos donde estemos, y sea cual sea nuestra escala, tenemos que aprender a incomodar. Este es el primer consejo que Vanesa daría a otras jóvenes venezolanas de su edad.
Por último, recordemos: la lucha de las mujeres venezolanas necesita aliados. La sororidad es esencial frente a la vulnerabilidad que a menudo les impide incluso luchar.
Estas alianzas deben abrir espacios donde se escuchen las voces de las más afectadas y, a partir de ahí, construir políticas que perfilen el respeto de todos sus derechos humanos.