La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, nos habla sobre la situación de los venezolanos en el país y las medidas que el gobierno (no) adoptó para protegerlos. 

Hasta inicios de 2020, Perú recibió cerca de 860 mil venezolanos y se convirtió en el segundo país receptor a nivel mundial. Desde que se decretó la cuarentena en marzo, la principal preocupación del gobierno fue emitir normas para salvaguardar la salud de los peruanos y mitigar los efectos económicos. Pero ¿qué pasó con los miles de venezolanos que estaban en el país? Según una encuesta de Equilibrium CenDe durante la segunda semana del estado de emergencia, el 37% de migrantes respondió que no tenían recursos de subsistencia ni dinero. A pesar de ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia, el Estado no ha realizado los esfuerzos suficientes para ayudar a los refugiados venezolanos que se encuentran en el país.

La situación de los venezolanos en el Perú ya era difícil antes de la pandemia. ¿Cómo les ha afectado esta crisis?

—Si a todos los peruanos les ha afectado el aislamiento, imagínate una persona que ha escapado de una situación de graves violaciones de derechos humanos en su país. Aquí están en una situación de informalidad en un porcentaje mayor que los peruanos. Pero además, los venezolanos no han recibido ningún tipo de ayuda, no son beneficiarios de ningún bono ni de las canastas de alimentos que repartieron las municipalidades. Pudieron haber sido beneficiados, pero han sido excluidos. Esto ha contribuido a que haya tantos desalojos durante la cuarentena.

Al no saber qué hacer, están tomando medidas desesperadas, como tratar de regresar a pie hasta Venezuela…

—También ha ocurrido con peruanos que se iban a sus regiones, pero lo que pasó con las personas venezolanas es que no solo las fronteras entre Perú y Ecuador estaban cerradas, sino también entre Ecuador-Colombia y Colombia-Venezuela. Era prácticamente imposible volver. Los retornos son medidas muy desesperadas, como el lamentable caso de un grupo que fue atropellado y tres de ellos fallecieron. Ahora corren más riesgos que cuando vinieron al Perú: por un lado, está la propia pandemia y los focos de contagio; por otro lado, las fronteras están cerradas, tienen que hacerlo con condiciones más difíciles y están mucho más proclives a ser víctimas de trata de personas. Pero si todo esto ya es complicado, cuando llegan a Venezuela tampoco encuentran un escenario favorable porque el propio gobierno de Maduro trata a las personas que han salido como si fueran «traidores».

Según los últimos reportes, Perú tenía hasta junio de 2019 la mayor cantidad de personas venezolanas solicitantes de la condición de refugio (377,047). ¿Cuál es su situación ahora?

—Durante varios meses, tanto Migraciones como la Comisión Especial para Refugiados han estado sin ningún tipo de atención. La Comisión recién reabrió los trámites online a finales de junio. Esto quiere decir que las personas que huyeron de Venezuela y llegaron a Perú han estado meses sin poder solicitar ni siquiera la condición de refugiados. Pero ya teníamos un sistema de refugio totalmente colapsado y muy ineficiente: en un país que tiene casi 400 mil casos y resuelve solo mil anuales, tardaríamos casi 400 años. Esto es totalmente inimaginable. Durante el periodo de pandemia no se ha tenido acceso a este sistema, no ha habido entrevistas y se ha ido colapsando aún más.

A inicios de año había un número elevado de venezolanos que esperaban en la frontera Perú-Ecuador porque no los dejaban entrar en ninguno de los países. ¿Qué ha pasado con ellos a raíz de la pandemia?

—En teoría, se quedaron ahí. Obviamente no están en la frontera, habrán entrado de manera irregular en alguno de los dos países. Pero ni Perú ni Ecuador tomaron absolutamente ninguna medida para que pudieran ingresar de manera regular.

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En medio de la pandemia, y ante la imposibilidad de seguir generando ingresos debido a la cuarentena, ciudadanos venezolanos optan por regresar a su país a pie. FOTO: AFP.

 

¿Qué hace el gobierno?

Actualmente no hay cifras oficiales de venezolanos contagiados o fallecidos por COVID-19. El virus no distingue nacionalidades ni condición socioeconómica, pero no hay duda de que los más afectados son los que tienen menos recursos y acceso al servicio de salud. Según Equilibrium CenDe, el 14% de migrantes aseguró que durante la cuarentena presentaban alguna enfermedad respiratoria, lo cual los vuelve más propensos. En este contexto, ¿qué medidas ha tomado el Estado?

¿El gobierno peruano tiene alguna obligación de velar por los derechos de los venezolanos que están en el país durante esta emergencia sanitaria?

—Por supuesto, pero no solo durante la emergencia sanitaria. La Declaración de Cartagena, firmada por casi todos los países de América Latina e incorporada en la legislación peruana, reconoce que las personas que huyen de violaciones masivas de derechos humanos tienen la condición de refugiados. De este modo, Perú tiene la obligación de garantizar su bienestar. Lamentablemente, esta definición de refugiado no se está aplicando a pesar de que Perú ha manifestado de una y otra manera que en Venezuela sí existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esto no tiene correspondencia con su actual política migratoria y hay una inconsistencia en cómo tratan a los venezolanos que están en el país.

En este contexto de pandemia, el acceso a la salud se hace más necesario que nunca…

—Un paso positivo por parte del Perú es que aquellas personas extranjeras que tengan COVID-19 o que presenten síntomas pueden atenderse en el SIS de manera temporal. Para tener acceso deben presentar cualquier documentación, pero aquí hay un vacío: ¿Qué pasa con aquellas personas venezolanas que no tienen documentación? En Venezuela conseguir un pasaporte o cualquier tipo de documento es extremadamente complicado. Entonces, esas personas quedarían en un limbo.

Un estudio realizado por Feline Freier, investigadora de la Universidad del Pacífico, señala que más del 50% de las personas venezolanas encuestadas en junio tendrían temor de acudir a una autoridad pública o sanitaria en caso de tener algún problema de salud. Esto realmente es un problema para aquellas personas que tengan los síntomas y en general es un problema de salud pública.

¿Por qué existe este temor?

—El estudio no indaga el porqué, pero se puede intuir que se debe a las dificultades que existen y por algunas medidas como las expulsiones. Por ejemplo, ahora mismo hay 4 iniciativas legislativas en el Congreso que están tratando el tema de migración y tres de ellas proponen la criminalización o la expulsión de las personas venezolanas. Una de las propuestas legislativas propone expulsar a todos los venezolanos afectados por la emergencia sanitaria y que cuenten con PTP (Permiso Temporal de Permanencia), es decir, los que están de manera regular en el Perú.

¿Se propone expulsarlos durante la pandemia?

—Sí, es una propuesta que [el partido Unión por el Perú] presentó el 30 de marzo y aún no ha sido debatida. Otra de las propuestas propone que los venezolanos que estén de manera irregular en el Perú deben ser expulsados en un plazo de 72 horas y si volviesen a entrar, sin importar el motivo, tendrían penas privativas de libertad entre 4 y 10 años. Eso es criminalizar la migración por un acto que es administrativo. Podrían llegar a ocurrir casos, que son reales, como el de una mujer venezolana que entra de manera irregular y que tiene un hijo en el país. Por haber entrado de manera irregular, es expulsada de Perú y si quisiera volver a entrar para querer estar con su hijo, tendría una pena de cárcel. Son propuestas que esperamos que nunca lleguen a ser leyes.

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El proyecto de ley, presentado por el congresista Orlando Arapa de Acción Popular, propone expulsar a los venezolanos que hayan entrado de manera irregular en el país. También incluye la creación del delito de ingreso irregular, el cual busca imponer penas privativas a la libertad de entre 4 y 10 años. Esta disposición es contraria a los estándares internacionales. FOTO: AFP.

En estas semanas el presidente Vizcarra ha anunciado un nuevo bono para los hogares en condición de pobreza, pero no se ha dicho nada sobre los venezolanos y su situación.

—Son una población que está totalmente invisibilizada, como si hubieran desaparecido durante este tiempo y hubieran dejado de vivir en el Perú, porque las políticas públicas prácticamente no los están incluyendo. Quitando esta última sobre salud, el resto de las políticas sobre servicios sociales, alimentación y bonos, no los incluye.

La ayuda para la población venezolana solo viene de organismos internacionales como ACNUR y Save the Children. ¿Es suficiente?

—Estas donaciones llegaron a poco más de 14 mil personas. Teniendo en cuenta que hay cerca de 850 mil venezolanos en el país y que la inmensa mayoría está en situación de pobreza, es insuficiente. Prácticamente no ha alcanzado a casi nadie porque los organismos internacionales no tienen la misma capacidad que el Estado.

En el mes de junio hubo una conferencia de donantes en la que se ofrecieron más de 500 millones de euros en donaciones y 2 mil millones en crédito para apoyar a la población venezolana que había huido de su país. Perú podría haber sido perfectamente un país receptor, pero hasta ahora no sé cuánto ha solicitado o si solicitó algo, pero ese dinero está disponible. Entonces no es tanto un tema de recursos, sino más un tema de invisibilización. El Estado está eludiendo las responsabilidades que tiene hacia la población venezolana y los están dejando en el absoluto olvido. Esto no es muy positivo para la propia comunidad de acogida, porque los fondos no solo benefician a las personas venezolanas, sino también a los que están a su alrededor: si se construyen postas médicas, estas van a servir para todas las personas que estén en esa área. El que no se haya hecho efectiva esa ayuda es algo que perjudica a la comunidad venezolana pero también a los peruanos.

¿Qué escenario prevé si es que no se presta ayuda urgente a este grupo?

—Los migrantes son personas que tienen mucha iniciativa, que de una u otra manera saldrán adelante, pero claramente sus derechos no están siendo respetados y se les está condenando a una situación de pobreza extrema. Esto es inaceptable porque no se puede dejar las obligaciones que tiene el Estado peruano solo en manos de los organismos internacionales. Eso es eludir sus responsabilidades como estado.