La periodista, docente PUCP e investigadora académica, Jacqueline Fowks, rechaza la decisión del juez Juan Carlos Checkley que ordena a la Fiscalía interrogar a Gustavo Gorriti como director de IDL-Reporteros para que entregue parte del material auditivo que dicho medio propaló en julio de 2018 —donde el exjuez supremo César Hinostroza, hoy prófugo de la justicia, es un interlocutor— y revele la identidad de sus fuentes de investigación del caso ‘Cuellos Blancos’. Fowks advierte que esta medida favorable a un recurso de tutela de derechos presentado por Hinostroza evidencia la ignorancia de un juez respecto al derecho constitucional de la reserva de la fuente.
Por Somos Periodismo
—¿En qué medida la decisión del juez Checkley afecta a la libertad de prensa?
—Lo que le está concediendo al investigado César Hinostroza no tiene que ver con la investigación al propio Hinostroza. O sea, la investigación es acerca de si el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (Edwin Oviedo) le dio a Hinostroza unas dádivas, entradas o dinero para viajar al Mundial de Rusia, a cambio de que el entonces juez supremo Hinostroza lo ayudara con dos problemas legales que él tenía. La decisión del juez Checkley afecta mucho a la libertad de prensa porque un juez no es capaz de notar que no tiene que interferir con el trabajo de investigación periodística para que se lleve a cabo una investigación fiscal. Si Checkley quiere hacer respetar el derecho de Hinostroza a que se defienda bien, entonces tendría que ver en la Fiscalía o en la Policía qué pasó. No tiene que ir al periodista.
—En ese sentido, ¿por qué se debe proteger el derecho a la reserva de la fuente de cualquier periodista?
—Primero porque eso es constitucional. El secreto profesional está protegido en la Constitución. También en varias decisiones del sistema interamericano. El trabajo periodístico tiene que ser protegido por una cosa absolutamente elemental: si un periodista no le puede garantizar a alguien que ha entregado informaciones sensibles la reserva de la fuente, entonces esas fuentes jamás irán a los periodistas a decirles nada. Si las autoridades no pueden respetar algo tan básico como el derecho de los periodistas de garantizar la reserva de la fuente, entonces puede desaparecer el periodismo de investigación. Y por lo tanto, puede desaparecer la fiscalización a los poderes del Estado o a los poderes fácticos, porque ya no habría ninguna garantía de que las fuentes pueden ser protegidas. Si no hay fuentes de información, el periodismo no tiene con qué trabajar.
—A modo de recordatorio, ¿cuál es la dimensión del caso ‘Cuellos Blancos’?
—El involucramiento de varios jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que era el organismo anterior a la Junta Nacional de Justicia, en una mafia dentro del sistema de justicia, en la que también estaba el presidente de la FPF de entonces, estaba un empresario muy cercano a políticos fujimoristas, estaba Keiko Fujimori, que tenía pendiente una casación por la investigación del caso ‘Cócteles’… Entonces hay muchos intereses no solamente de jueces y fiscales que fueron visibilizados en esa serie investigativa que empezó en el 2018.
—Además de acciones como las del juez Checkley, en los últimos años IDL-Reporteros viene recibiendo ataques de políticos, de grupos extremistas como “La Resistencia”, incluso de ciertos sectores mediáticos…
Lo que pasa es que posiblemente los ataques que sufre IDL-Reporteros y Gustavo Gorriti no se deban solamente al caso ‘Cuellos Blancos’. Antes están las investigaciones sobre sobornos y coimas de Odebrecht, que es otra serie de investigación del caso ‘Lava Jato’ y que involucra a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y a la excandidata Keiko Fujimori, la actual líder del régimen autoritario que gobierna. Y hay algunos medios de comunicación muy activos en sumarse a estas campañas de odio y de desprestigio, especialmente contra Gustavo Gorriti, porque también son objeto de investigación. El dueño de Willax está bajo una investigación de lavado de activos que ha sido publicada en IDL-Reporteros. El actual alcalde de Lima está también investigado por lo mismo y lo ha publicado IDL-Reporteros. Entonces la suma de todos los que preferirían no responder a la justicia es muy grande.
—Desde la publicación de los ‘CNM Audios’, algunos han cuestionado la forma en que IDL-Reporteros accedió a los audios y no tanto su contenido. ¿Qué opina sobre esta indignación selectiva?
—Recuerdo, por ejemplo, que entre los investigados han estado exministros del gobierno del APRA, no solamente Alan García, y normalmente han tenido unas formas muy simplificadas de cuestionar las investigaciones. En algunos momentos han dicho: “Que exhiban el acuerdo de Odebrecht, ¿por qué lo tienen bajo cuatro llaves?”. Estas maneras simplificadas de encarar son muy frecuentes en países donde hay graves casos de corrupción.
