VIH en el Perú: la epidemia que el Estado olvidó

A Pedro Pablo Prada le detectaron el virus del VIH en 1989. Once años después, demandó al Estado peruano. Quería conquistar un derecho ante la justicia: la atención gratuita, con antirretrovirales, de todas las personas con diagnóstico de VIH. No recibió un fallo a su favor.

En 2004, cuatro años después de su demanda, el Perú firmó un acuerdo con el llamado Fondo Rotatorio Mundial para implementar las bases del programa universal y gratuito de atención del VIH/Sida que el Estado cubrió a nivel nacional antes de que llegara la pandemia.

Integró la mesa de trabajo para modificar la Ley N° 26626, conocida como Ley Contrasida, para que el acceso a antirretrovirales sea provisto por el Estado de manera gratuita y por el tiempo que lo recomiende el Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (Procetss).

Él fue un activista afrodescendiente que tuvo mucha incidencia en la creación de políticas públicas que beneficien a personas con diagnóstico de VIH positivo. Trabajó con asociaciones como Peruanos Positivos y fue miembro de la organización no gubernamental (ONG) AIDS Healthcare Foundation, conocida mundialmente como AHF, la cual se encarga de brindar acompañamiento y asesorías a personas con VIH.

Prada fue asesinado en su casa de La Victoria el 1 de noviembre de este año. Una mujer trans que lo acompañaba corrió la misma suerte que él. Ambos cadáveres presentaban signos de tortura, por lo que las organizaciones en las que trabajó han pedido a las autoridades que investiguen el asesinato como un crimen de odio.

Convivir con el VIH

Sebastián Huertas (25) es un estudiante de Ingeniería Industrial diagnosticado con VIH positivo. Hoy, 1 de diciembre, se cumplen tres años desde que se enteró de que había contraído el virus. “Cuando recibí la noticia, no me sentí devastado. Hasta ahora no les he contado a mis padres por una razón personal. Sin embargo, sí les comenté a mis hermanos mayores. Ellos se preocuparon por mí e incluso creyeron que me iba a morir”, añade.

Huertas lleva el tratamiento contra el VIH llamado Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) desde el primer día en que se enteró de su condición. Este consiste en tomar una píldora de tres componentes que evitan la replicación del virus en su organismo. “Yo tomo mi medicamento todas las noches por recomendación de mi médico, pues existen efectos secundarios. A veces me mareo o me aturdo a tal punto que no puedo hablar, como si estuviese drogado”, señala.

La terapia antirretroviral ha ayudado a salvar y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. El fármaco bloquea varias enzimas y/o proteínas que el virus necesita para replicarse en el organismo, lo que reduce la carga viral. En ese sentido, si una persona con VIH lleva su tratamiento de manera adecuada, pasará a ser una persona indetectable; es decir, la carga viral del VIH es tan pequeña que las pruebas de descarte no pueden detectarla. Cabe mencionar que una persona indetectable no podrá transmitir el virus a otra mediante contacto sexual. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) emplea el término “indetectable = intransmisible”.

En la actualidad, es el Estado peruano el que cubre todos los gastos para la compra y abastecimiento en los centros de salud de medicamentos que ayudan a contrarrestar el mal. Huertas indica que él no ha tenido problemas para obtener cada mes sus antirretrovirales, pero revela que muchas personas le han escrito para pedirle que los ayude a conseguir estos medicamentos.

“Yo hice público mi diagnóstico como una persona VIH positivo en Twitter, por lo que muchas personas me escriben para informarme que han dejado de tomar los antirretrovirales hace uno o dos meses debido a que los centros de salud del Estado en los que se atienden no les brindan el fármaco. Hay un desabastecimiento que ya parece crónico”, agrega.

La cuenta de Twitter de Sebastián ha servido como plataforma para visibilizar y normalizar el hecho de vivir con VIH. Este virus ya no representa una sentencia de muerte para quienes lo han contraído, siempre y cuando estén medicados. “Actualmente existen tres tipos de pastillas con relación al VIH: Profilaxis Previa a la Exposición (PrEP), que es para personas que aún no han contraído el virus y se toma de manera preventiva; Profilaxis Post-Exposición (PEP), que es el medicamento que se toma después de un acto sexual con riesgo de contagio de VIH; y los antirretrovirales, que lo toman personas VIH positivo y sirve para evitar la replicación del virus en el organismo”, explica.

Deficiencias en el sistema de salud

Luis H. es un administrador de 24 años con diagnóstico de VIH. Prefiere que su nombre se mantenga en el anonimato para no ser estigmatizado. La noticia le llegó sorpresivamente cuando se iba a realizar una operación ambulatoria en junio de 2020. Tuvo que esperar dos meses para que fuera derivado al Centro de Salud Raúl Patrucco, de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Centro, donde inició su tratamiento antirretroviral en agosto. ¿Por qué tardaron tanto en atenderlo? No había infectólogos disponibles para la firma del documento que autorice el tratamiento. Eso le dijeron.

Luis recibió sus medicamentos, pero una reacción alérgica a los fármacos que le suministraron lo obligó a dejarlos. Solicitó otras medicinas para que pudiera reanudar el tratamiento que le salvaría la vida. Luego de distintos procesos burocráticos, empezó con este en noviembre del año pasado. Una vez al mes, tiene que ir a las siete de la mañana a un centro de salud y esperar hasta ocho horas en una cola antes de recibir los fármacos que evitan que el VIH se replique en su organismo.

“Es estresante y te da tanta impotencia… Fui el 26 de octubre y ese día solo había un doctor en todo el hospital. Llegué a las 7 a.m. y era el quinto de la fila. Pasaron cuatro horas y recién le tocaba el turno a la segunda persona de la cola. Era la historia de siempre y me pareció una falta de respeto para las veinte personas que estábamos esperando”, cuenta Luis.

Él se ha atendido en el Minsa desde que fue diagnosticado, pero debido a experiencias como las narradas, buscó cambiarse al régimen de EsSalud con el fin de no dejar su tratamiento. “Gestioné mi transferencia al hospital Rebagliati, todo fue súper rápido. Le comenté al doctor mi situación y me dijo: «En primer lugar, te haremos todos los exámenes de nuevo. Punto número dos, tu pastilla no la tenemos acá»”, recuerda.

EsSalud no contaba con la única medicina que no le causaba efectos secundarios tan adversos a Luis. Además, tendría que volver a pasar por los exámenes que ya se había realizado en el Minsa. Como se sabe, en el Perú no existe una interconexión entre los distintos regímenes de atención de salud (EsSalud y Minsa), de modo que se elevan los niveles de burocracia a los que el ciudadano se ve obligado a pasar para recibir atención médica.

El complicado proceso que implica realizar el cambio de Minsa a EsSalud para continuar con su tratamiento, sumado a que esta última entidad no contaba con la medicina ideal para él, hizo que Luis desistiera de realizar su traslado.

La labor de la sociedad civil frente a esta pandemia

Marlon Castillo Castro es periodista y forma parte del área de comunicaciones de Sí, da vida, una organización civil sin fines de lucro, con más de 15 años de experiencia, que trabaja con personas VIH y provee servicios para mejorar su calidad de vida. Él también es coordinador del Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR), colectivo integrado por distintas asociaciones sin fines de lucro que trabajan por los derechos humanos de las personas seropositivas.

GIVAR tiene como objetivo realizar el seguimiento y vigilancia de un correcto y oportuno abastecimiento de medicamentos anti-VIH en todo el país. Para realizar esta labor, el colectivo se vale de las denuncias que realizan los usuarios a través de distintos canales virtuales, ya sea en su página web o por WhatsApp. Después de recibir las quejas, el equipo de GIVAR realiza una labor de investigación para confirmar si, efectivamente, está ocurriendo algún hecho que atente contra los derechos de las personas con VIH. Una vez confirmado el caso, se comunican con los centros de salud respectivos, el Minsa y EsSalud para que solucionen el problema lo más rápido posible. “A veces tenemos que escribirles más de una vez y ser insistentes para que nos hagan caso”, dice Marlon.

Tan solo desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, GIVAR reportó más de 270 denuncias de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en distintos centros de salud del país. “A raíz de la pandemia, el número de quejas y denuncias por desabastecimiento aumentó en más de un 100%”, afirma.

De acuerdo al Boletín VIH llamado Situación epidemiológica del VIH-Sida en el Perú que emitió el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en febrero de 2021, la pandemia por el nuevo virus SARS-CoV-2 dificultó la labor del Estado de diagnosticar y recolectar información de las personas que presentan diagnóstico VIH positivo. Esto queda en evidencia pues el portal web del CDC notifica tan solo en 2019, un año antes del brote del Covid-19, 9075 casos de VIH en el Perú, una diferencia de más de mil casos a diferencia del año anterior. Mientras, los casos reportados de personas seropositivas en 2020 y 2021 han disminuido drásticamente (5199 y 4992, respectivamente).

En ese sentido, los esfuerzos del Estado peruano para controlar la epidemia del VIH en el Perú no son suficientes. “Durante la pandemia,  las personas continuaron teniendo relaciones sexuales. Los diagnósticos de VIH en el Perú no han disminuido porque haya menos contagiados. Lo que ocurre es que no los están buscando y para hacer eso el Estado tiene que invertir en promotores de salud y pruebas rápidas”, sostiene el coordinador de GIVAR.

Ensayo clínico Mosaico: La vacuna preventiva contra el VIH en fase III

Mosaico es el nombre del programa internacional del estudio clínico de fase III para una vacuna que previene el virus del VIH. El ensayo clínico es realizado por la multinacional Johnson & Johnson, específicamente por su división farmacéutica, Janssen, y ha buscado reclutar a 3800 personas en todo el mundo que puedan ser parte de las pruebas. Los requisitos para ser parte del programa son vivir en Lima, ser un hombre o persona trans VIH negativo entre los 18 y 60 años, y que mantengan relaciones sexuales con otros hombres o personas trans.

Este nuevo intento de vacuna representa el avance más importante hasta ahora en la lucha contra el VIH, ya que es la primera en llegar a la fase III de estudios clínicos. El producto de Janssen utiliza, al igual que la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, la tecnología de vector viral. Es el resultado de un virus modificado al que se le incorporan genes que componen proteínas importantes presentes en el virus del VIH. De esta manera, el vector viral inoculado contiene la información genética necesaria para que el organismo reconozca al virus y pueda generar las defensas necesarias de manera preventiva. Los voluntarios del programa Mosaico reciben en total cuatro dosis a lo largo de todo un año.

Perú es uno de los países en los que se desarrolla el ensayo clínico de la nueva vacuna contra el VIH y está a cargo de Jorge Gallardo, investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Perú es el país que ha conseguido a más voluntarios a nivel mundial, quienes recibirán seguimiento médico por dos años y medio, además de consejería, preservativos y otros elementos que ayuden a prevenir la infección de VIH.

¿Cómo es ser participante del ensayo clínico?

El ensayo clínico Mosaico dejó de aceptar voluntarios en agosto de este año debido a que ya se había alcanzado la cantidad de participantes necesarios. Álvaro Cataño, trabajador de un grifo, y Oswaldo “Ozzy” Perona, comunicador audiovisual y director de la serie web gay ¿Por qué no seguiste?, son dos participantes del ensayo clínico que brindan detalles para este reportaje.

Cataño se enteró del programa por medio de Twitter, mientras que Perona fue invitado a participar por Javiera Arnillas, conocida activista por los derechos de la comunidad trans. Además de los requisitos mencionados con anterioridad, se les pide a los voluntarios que no se muden durante el tiempo en que dure el estudio.

Tras firmar el consentimiento de participación, se le practicó una serie de exámenes médicos: descarte de VIH, hisopado rectal y prueba de orina. “Duró cuatro horas y cada participante recibió una compensación económica de 30 dólares y en caso te acepten en el estudio clínico, como a mí, te llaman para una segunda visita en la que te quitan 14 tubos de sangre y te la inoculan con la vacuna”, señala.

En la actualidad, aún existe un fuerte estigma hacia las personas que son VIH+, pues todavía se relaciona al virus con una enfermedad “que solo le da a los homosexuales” o que es sinónimo de muerte. Los dos entrevistados decidieron ser voluntarios del ensayo clínico Mosaico para contribuir al desarrollo de la ciencia y, sobre todo, apoyar a los miembros de la comunidad LGBT+, quienes en su mayoría han sufrido de discriminación.

La “eficiencia” del Estado con respecto al virus

Julio Rondinel, licenciado en Psicología, es el director de la asociación Construyendo Caminos de Esperanza Frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido (CCEFIRO), una organización social formada por miembros de la comunidad LGBTI+ que viven con el VIH, y que protege y promueve los derechos de salud de poblaciones vulnerables desde 2008.

Él ha trabajado durante más de diez años con poblaciones de riesgo que presentan dificultades para acceder a la salud y conoce de cerca las directivas del Estado y sus limitaciones respecto a la atención de personas con VIH.

“Al Ministerio de Salud solo le interesa trabajar con dos poblaciones: hombres que tienen sexo con otros hombres, ya sean trans o no, y trabajadoras sexuales”, resalta Rondinel. El director de CCEFIRO sostiene que el plan del Estado desde hace años se ha concentrado en estos grupos y ha dejado de lado a otros sectores como las personas privadas de la libertad, niños, niñas y adolescentes, mujeres cisgénero con VIH, indígenas de las etnias awajún, conibo-shipibos y adictos a las drogas. Estas son las poblaciones con las que trabaja la asociación, que recientemente ha empezado a apoyar a migrantes venezolanos, de quienes se calcula que son 3410 diagnosticados con VIH positivo.

A nivel internacional, en 2015 Onusida propuso nuevas metas para el control de la pandemia del Sida y así surgió la estrategia 90-90-90. Se proyectaba conseguir para el año 2020 determinados objetivos, como la erradicación del problema de salud pública que significaba el virus del VIH, la lucha contra la discriminación y el estigma. Así, los Estados garantizarían tres puntos: que el 90% de personas con VIH positivo del país estén debidamente diagnosticadas, que el 90% de estas reciban terapia antirretroviral sostenible y, finalmente, que el 90% que reciba este tratamiento disminuya la presencia del virus en su organismo hasta el punto de ser indetectable e intransmisible.

En el Perú, todavía se está lejos de cumplir estas metas, truncadas por el Covid-19. Por ejemplo, de acuerdo con CCEFIRO, el diagnóstico oportuno de VIH en lugares de riesgo disminuyó durante la pandemia, a pesar de que los lugares de trabajo sexual se mantuvieron operando aun con la cuarenta impuesta. Esto implicaría que los casos de VIH positivo seguían en aumento y que el Estado no habría podido identificarlos, lo cual impide cumplir con el primer objetivo 90 del plan de las Naciones Unidas contra la enfermedad.

Debido al confinamiento, el Estado determinó que entregaría fármacos anti-VIH para tres meses (ya no de manera mensual). Se quería evitar los contagios en los hospitales. Pese a la directiva del Estado, Rondinel cuenta que esta no se ha cumplido en varios casos y hay personas que solo han recibido medicamentos para una semana.

Reafirma su postura de que el problema de salud pública del VIH “no se resuelve regalando medicamentos u ofreciéndolos a precios baratos”, ya que engloba problemas estructurales como la discriminación y desigualdad, que terminan dificultando el acceso a una salud pública de calidad.

La lucha contra el VIH/Sida no se detiene

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida. Un recorte del 45% en el presupuesto en los programas contra el VIH y tuberculosis pone en evidencia el poco interés del Estado peruano por atender a esta población vulnerable. Cabe recordar que el VIH es un problema de salud pública que afecta al Perú desde 1983, cuando se diagnosticó el primer caso de Sida en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto como meta que para el año 2025 que el 90% de la población VIH positiva reciba el Tratamiento Antirretroviral (TAR), lo que permitiría una reducción de contagios del virus por transmisión sexual, que en el Perú es el principal modo de contagio (98.4% de casos).

El Estado peruano debe poner mayor énfasis y mejorar sus esfuerzos en prevenir y/o reducir los contagios de VIH. La mejora en la atención de los centros de salud debería ser uno de los principales objetivos para que los pacientes no abandonen los tratamientos que evitan que el virus se replique en sus organismos. No se debe olvidar a la población trans, que muchas veces se ve obligada a ejercer el trabajo sexual para poder alimentarse. En la actualidad, el VIH ya no mata, pero sí lo hace el estigma, la desatención y el poco interés que las autoridades encargadas demuestran.