La información falsa y poco fiable se propaga en medios peruanos de forma vírica hasta el punto de estar poniendo en riesgo muchas vidas. Presentamos un listado de lo más tóxico del periodismo nacional en estos tiempos de pandemia para que usted, estimado lector, no sufra con los efectos secundarios.

Por Brenda Ballesteros

La tableta secuestrada

Iniciamos este festín del horror periodístico con el reportaje de IDL Reporteros titulado La tableta secuestrada. Este fue escrito por Gustavo Gorriti y presenta a la hidroxicloroquina y a la cloroquina como tratamientos eficientes para la COVID-19. No hay duda de que el trabajo de Gorriti y del equipo de periodistas de investigación que dirige es admirable, pues ha destapado importantes casos de corrupción política y corporativa; además, ha puesto bajo la lupa al narcotráfico, las industrias extractivas, las vulneraciones a los derechos humanos, el accionar de los remanentes de Sendero Luminoso, entre otros temas. Pero… zapatero a sus zapatos. Debido a la coyuntura, IDL ha tenido que cubrir temas de salud y al no estar especializados en ello, no hicieron nada bien al principio.

Así, el reportaje antes mencionado se basaba únicamente en la experiencia de tres personajes extranjeros (Vladimir Zelenko, Andrea Savarino y Didier Raoult), presentando algo que, en mi opinión, son evidencias de muy poca calidad, pues hasta ahora no hay un consenso científico sobre la efectividad de los tratamientos que existen, dado que aún están en fase de pruebas clínicas. Además, las recomendaciones para determinar el uso de los medicamentos no se hacen por lo que digan especialistas renombrados, sino estudios rigurosos y verificados que concluyan que son efectivos y seguros, y cuyos resultados indiquen que los beneficios superan a los riesgos.

Actualmente esto no se ha probado categóricamente: así lo indica la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) —una asociación médica que representa a médicos, científicos y otros profesionales de la salud que se especializan en enfermedades infecciosas —y otras instituciones científicas médicas que en su mayoría recomiendan que la aplicación de ciertos tratamientos sea únicamente bajo el contexto de los ensayos clínicos.

 

Cura posible

Luego tenemos la irresponsable portada de Caretas del 7 de mayo, la cual muestra a la ivermectina como una cura posible para el COVID-19. En la portada de la revista aparece la foto de una pareja con un frasco de dicho medicamento, en el que claramente se puede leer “Uso Veterinario”. En resumen, el reportaje califica a la ivermectina como posible remedio a partir del testimonio de la pareja.

La magnitud de la irresponsabilidad de este reportaje radica en el peligro de automedicación: calificar como “posible cura” a la ivermectina, teniendo en cuenta que es un fármaco de venta libre, indudablemente generará interés en la población por conseguirlo y ello podría causar su desabastecimiento.

Por otro lado, si bien se están presentando resultados interesantes con el uso del medicamento en cuestión, se trata de tratamientos experimentales en fase de investigación. Uno de los estudios mencionados en el reportaje es un preprint (una investigación enviada para publicación en una revista científica que aún no ha sido revisada por más especialistas) y no se puede asumir como aprobado. Hay que recordar, finalmente, que en los últimos meses se ha demostrado una reducida efectividad en diversos fármacos que ofrecían excelentes resultados, como es el caso del lopinavir y el ritonavir, así como las ya mencionadas cloroquina e hidroxicloroquina. Hasta que no haya evidencia suficiente, no se puede considerar que la ivermectina brinda un tratamiento eficiente y seguro.

 

El 58% de muertos por causas como el COVID-19 no terminó el colegio

Por último, tenemos un reportaje de Perú21, medio que ha dado mucho que hablar durante esta pandemia. Entre sus desastrosas publicaciones está la portada que mostraba una escandalosa foto del transporte masivo de Bogotá, afirmando que se trataba del Metropolitano limeño; otra portada que habla de la «infiltración de la izquierda» y del marxismo en el Minedu por la publicación en Aprendo en Casa de un video sobre discriminación linguística; la columna de Maki Miró Quesada, en la que al referirse a la empleada de su hogar, la insultó por haber decidido quedarse en su casa y respetar la cuarentena; y un largo etcétera.

Pero cuando parecía que Perú21 no podía publicar algo peor, se asoma el siguiente titular entre las noticias del 27 de junio: El 58% de muertos por causas como el COVID-19 no terminó el colegio. Este reporte muestra estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), resaltando el grado de instrucción de los fallecidos, en el que se observa que la población más afectada ha sido aquella que no ha tenido acceso a educación o no terminó sus estudios escolares. El redactor, para explicar el vínculo entre ambos datos, cita a Moisés Pariahuache, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, quien comentó que el precario acceso a la educación de la población menos instruida influye, específicamente, en la capacidad para comprender todas las medidas que han ido dictando los órganos competentes que lideran la lucha contra esta pandemia.

Pensar en un vínculo causal entre ambos datos (la cantidad de muertos y el nivel de instrucción) es falaz, pues, como indica un principio estadístico, la correlación no implica consecuencia. El enfoque del reportaje termina propiciando la discriminación intelectual, ya que da a entender que el virus afecta más a personas que no entienden cómo o por qué cuidarse. Considero que esto genera una imagen negativa de la clase trabajadora, ya que la baja escolaridad no implica un desentendimiento de las normas, sino que es un fenómeno muy complejo en el que se involucran muchos factores.

Es cierto que en el reportaje se agrega la posibilidad de una relación entre el grado de instrucción y la pobreza; es decir, que esta población pobre y, por tanto, “poco instruida” es más vulnerable a no sobrevivir al COVID-19 porque no tiene acceso a agua potable para lavarse las manos, por vivir en condiciones de hacinamiento y por ello no pueden mantener la distancia social, o porque cocinan con combustibles contaminantes que afectan a los pulmones. Sin embargo, esta reflexión se hace de manera breve en la parte final del reportaje y en el resto del texto enfatizan la supuesta conexión entre el grado de instrucción y la incapacidad de no entender las normas que dicta el Gobierno.

Pudieron sacarle mejor provecho a los datos del estudio; tal vez, relacionando el grado de instrucción con la situación laboral de los fallecidos, factor que podría explicar qué los obligó a salir a trabajar durante el Estado de Emergencia para poder sobrevivir.