Seis mil adultos mayores viven en condiciones de indigencia en las calles de Lima

José Vicente Condori Sucasay tiene 67 años. Dejó Puno, su tierra natal, a los 15 años. Llegó a la capital y se instaló en el distrito de Comas. Se ganaba la vida como estibador en un puesto de La Parada hasta que la administración de Susana Villarán ordenó que los comerciantes de la zona sean reubicados en el mercado mayorista de Santa Anita. Allí laboró hasta 2018. Al año siguiente enfermó de diabetes, por lo que dejó de trabajar y se quedó sin un lugar para vivir. Desde entonces, pernocta en las calles de la avenida Aviación. Nunca se casó ni tuvo hijos y sobrevivía gracias a la caridad de los vecinos que le ofrecían un plato de comida. Esta es la historia que trabajadores sociales obtuvieron hablando con el señor José. Como él, solo en Lima Cercado seis mil adultos mayores viven en estas condiciones, las cuales se vuelven aún más graves frente a la pandemia, según cifras reveladas por Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Para atender este problema, en febrero de 2019 la comuna limeña inició la ejecución del programa Volver a casa, que busca rearmar las redes familiares de aquellos adultos mayores para retornarlos a sus casas o algún lugar que signifique para ellos lo más cercano a un hogar. El principal objetivo es restablecer sus derechos vitales como identidad, alimentación, salud y techo digno, para que se puedan volver a integrar en la sociedad. 

Como parte de Volver a casa, la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social de la MML habilitó un albergue temporal llamado «Hogar de Paso», en donde se traslada a los adultos mayores que son rescatados de las calles. Además, se realizan las conexiones con sus familiares y se atienden temas urgentes relacionados a su salud. También se les ayuda con los trámites para su afiliación a programas sociales y subsidios del Estado como Pensión 65, SIS y la primera emisión o renovación del DNI.

En medio de la emergencia sanitaria, la complicación que presenta este programa es la falta de espacio en los albergues temporales y en los Centros de Atención Residencial, hospedajes donde viven de manera permanente, como el «Albergue Municipal María Rosario Aráoz». «Los refugios están copados. La Casa de Todos, en la Plaza de Acho, por ejemplo, quedó insuficiente», señala Carlos Contreras.

El funcionario explica que los adultos mayores que viven en la calle no pueden entrar a ningún albergue hasta que les realicen la prueba de descarte de COVID-19. Aquellos que sean portadores del virus y que puedan valerse por sí mismos son trasladados a la Villa Panamericana, pero si están lidiando con otras enfermedades son derivados a un hospital. Y es que la comorbilidad por su edad no hace más que agravar su estado de salud. 

«Recientemente, hemos atendido a un adulto mayor diabético que dormía en una berma callejera. Fue llevado al Dos de Mayo porque tenía úlceras en uno de sus pies. Desde entonces, dice no acordarse de nada. Le hicieron la prueba rápida y salió positivo», cuenta el funcionario refiriéndose al caso de José Condori. A pesar de estar contagiado, no pudo permanecer en el hospital porque era asintomático. Ante la dificultad para movilizarse por sí mismo, necesitaba que lo asistan. Por tanto, tampoco podía ser trasladarlo a la Villa Panamericana. Contreras explica que, en este caso, no quedó otra opción que internar a José en un albergue que contaba con un área de aislamiento para pacientes COVID-19.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de la Persona Adulta Mayor, los centros de salud del Estado deben cumplir con la atención preferente para las personas de la tercera edad. La norma establece el acceso a servicios desde el primer nivel de atención hasta la estancia en unidades de emergencia y cuidados intensivos. Según cifras del Minsa, alrededor del 70% del total de decesos por COVID-19 corresponden a personas mayores de 60 años. Dentro de este grupo que requiere especial protección, los que más se exponen al virus son quienes duermen en la vía pública. Sin embargo, la lucha contra el COVID-19 en las salas UCI ha provocado que los adultos mayores se encuentren en el último nivel de prioridad a la hora de decidir a quiénes atender. El gerente señala que este tipo de discriminación no hace más que vulnerar su derecho a la salud. 

«Por ejemplo, cuando hay un respirador disponible, el médico toma la decisión de usarlo a favor de aquella persona que tiene mayor probabilidad de recuperarse. Lamentablemente, esto impide priorizar la salud del adulto mayor, ya que su porcentaje de éxito con el respirador es menor al de un joven», sostiene Contreras. Para el funcionario, médico de profesión, se trata de un dilema ético, de modo que se muestra comprensivo con sus colegas. «Si el Estado hubiera provisto la cantidad necesaria de camas UCI, estoy seguro de que no dejarían a nadie sin atender», finaliza.