En el 2021, la Defensoría del Pueblo registró 6972 estudiantes con discapacidad inscritos en 69 universidades. Es decir, un promedio de 100 estudiantes por centro de educación superior. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene matriculados al menos 250 alumnos en estas condiciones. Surge la pregunta: ¿la universidad pública más importante del país está preparada para acogerlos? Este reportaje busca responder dicha incógnita.
Por Álvaro Cáceres y Guillermo Gambini
Portada: Alexandra Prado
Para la mayoría, alguna grieta o hueco en la calle suele pasar desapercibido. Al desplazarnos, tampoco nos fijamos si hay rampas que conecten espacios, menos aún notamos si estas son muy inclinadas. Imprimir o fotocopiar nuestras lecturas puede implicar un poco más de tiempo, pero solo eso. Nos sobreponemos rápidamente y nos sumergimos de nuevo en la dinámica universitaria: trabajos, lecturas y exámenes. No hay tiempo para reflexionar acerca de que estos pequeños obstáculos pueden ser gigantes para una persona con discapacidad.
Son las cuatro de la mañana. En medio de una pequeña habitación oscura, María Lourdes Castillo, paratenista nacional de 52 años, se despierta y agenda en su mente las actividades del día. Tiene que cocinar, atender a su madre anciana que sufre de una enfermedad que le ha dejado erupciones rojas en la piel, alistar su uniforme de trabajo y su ropa deportiva para ir a entrenar. Será un día largo.
Realiza el primer esfuerzo de la jornada al intentar levantarse de la cama. Luego se coloca la prótesis que suple a su pierna izquierda. Esta rutina la repite desde que tiene tres años, cuando una mala praxis médica en su natal Cajamarca ocasionó que perdiera una de sus extremidades. Desde entonces, se moviliza con esta prótesis, bastones o con silla de ruedas. Todo depende del grado de dolor que empiece a sentir en el muñón.
Cuando era niña, María Lourdes ingresó a un hospital para personas con discapacidad. En aquel entonces, para ella era común que a todas las niñas y niños deportistas del mundo les faltase alguna extremidad. Y así como ella, todos debían tener en algún lado una prótesis que los ayude.
Ahora tiene 52 años y sabe que eso no es cierto. Tener una discapacidad en el Perú implica, en la mayoría de ocasiones, mayor esfuerzo, tiempo y desgaste al hacer actividades cotidianas. Las barreras frente a la discapacidad comienzan desde que María Lourdes despierta y se acentúan cuando tiene que salir rumbo hacia su centro de trabajo: la Universidad San Marcos.
María Lourdes es una de los tres millones de peruanos y peruanas que cuentan con algún tipo de discapacidad según el último censo del INEI. Ella es educadora de profesión, paratenista de alto rendimiento y trabajadora administrativa en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Todos estos cargos le suponen un mayor desgaste por las actividades que conllevan, pero pocas veces se queja.
Toma un taxi porque para subir a un bus necesita de ayuda, y llega a la universidad a las siete de la mañana. Al ingresar al campus, María Lourdes no va por las veredas como los demás estudiantes y trabajadores porque estas no tienen rampas que las conecten con la pista. Ella, al igual que los autos, se desplaza por las pistas de la universidad.
Después de instalarse en su pequeña oficina, lo primero que hace Lourdes es ir al centro de salud a pedir unas pastillas que le ayuden a combatir la depresión. “He vivido con depresiones y mucho dolor, pero siempre he sonreído. Aprendí que la función tiene que continuar”, confiesa mientras está a punto de entrar al centro de salud mental de la universidad.
Pero algo la detiene. Frente a ella hay una rampa empinada, la única entrada a este centro. María Lourdes calcula cuánto esfuerzo será necesario para superar este obstáculo. No puede sola, pide ayuda y uno de los encargados acude a empujar su silla. Una rampa con demasiada elevación le impide a María Lourdes desplazarse de manera autónoma como ella quisiera.
Para ir a la Facultad de Educación, la situación empeora: la rampa está muy empinada y es tan estrecha que apenas cabe su silla de ruedas. Esta es solo una de las tantas rutas empinadas por las que necesita transitar María Lourdes. “Esta rampa es muy inclinada y resbalosa para mí, pierdo el equilibrio”, se lamenta frente al edificio de la facultad.
El objetivo de estas rampas es facilitar el desplazamiento de la población universitaria con discapacidad; sin embargo, en la práctica no es así. Para María Lourdes, la infraestructura de la universidad es un obstáculo más.
María Lourdes recuerda que facultades como la de Educación construyeron las rampas hace 21 años, cuando ella empezó a trabajar en la universidad. ¿Pero estas rampas están adecuadamente construidas? El Reglamento Nacional de Edificaciones determina las características que debería tener una rampa para que sea realmente accesible y de fácil uso para todas las personas.
Uno de los requerimientos necesarios para que toda rampa sea accesible, de acuerdo con este reglamento, es que el porcentaje de la pendiente no exceda el 8%. Dicho de otro modo, la pendiente de las rampas debe procurar ser la mínima posible para evitar el sobreesfuerzo que realiza una persona con discapacidad al desplazarse con silla de ruedas. Además, el espacio de la rampa debe ser lo suficientemente ancho para que permita el desplazamiento.
Si el porcentaje de pendiente excede el 8%, la rampa ya no tiene beneficio alguno. Se torna imposible subir por cuenta propia. Y si se intenta, implica mucho más esfuerzo o, en la mayoría de los casos, recurrir a la ayuda de otra persona. Ninguna de las rampas por las que María Lourdes transita en su centro de trabajo cumple con lo que ordena la norma. La elevación de estas rampas es mayor a lo permitido y en ciertas ocasiones dobla el límite.
La rampa para ingresar al centro de salud, por ejemplo, tiene un 12% de pendiente. Es demasiado inclinada para que una persona en silla de ruedas transite por su cuenta. La rampa de la Facultad de Educación es incluso más empinada. Tiene 16% de pendiente, exactamente el doble de lo permitido, volviéndose inviable desplazarse de forma autónoma. “Tú tienes que cargar la silla de ruedas, yo no puedo bajar por ahí, me resbalo”, afirma la deportista.
¿Cuál es la posición de la universidad frente a estas dificultades arquitectónicas? Miriam Rea Pantoja, directora de la Oficina de Servicios Sociales, explica que la universidad se basa en lo que indica la Ley General de la Persona con Discapacidad. “En torno a esto se tiene que modificar la infraestructura”, precisa la funcionaria.
Así, asegura que facultades como Psicología o la Biblioteca Central cuentan con las rampas adecuadas. Además, añade que facultades como Ingeniería de Minas e Ingeniería Civil están en proceso de construcción y adaptación de estas.
Sin embargo, Rea acepta que la universidad tiene un largo camino por recorrer para asegurar la accesibilidad adecuada para las personas con discapacidad motora. “Por la antigüedad propia de la Universidad San Marcos, todavía hay infraestructura que mejorar. Venimos de más de dos años de pandemia y eso, de alguna forma, ha contribuido al deterioro de ciertas facultades o de ciertas infraestructuras”, reconoce.
A estas dificultades se le añade el hecho de que cada facultad es autónoma. Es decir, es libre de acoger o rechazar las recomendaciones generales de la universidad. Ante ello, desde la Oficina de Servicios Sociales se busca sensibilizar a la comunidad universitaria con respecto a la discapacidad. “De esta forma se crea una necesidad de atención ante esta población universitaria. De acuerdo a eso, cada facultad con autonomía de acción empezará a modificar su infraestructura”, asegura Rea.
Pero las dificultades en torno a la discapacidad no solo se refieren a la infraestructura, sino a los recursos tecnológicos disponibles.
Escasez de recursos tecnológicos
Corría el año 2019 y Maxi Huamán, postulante con discapacidad visual a la carrera de Educación, se dirigía al examen de admisión con mucha expectativa de ingresar a una de las universidades más reconocidas del país. Se había preparado para este momento. Iría con la mejor disposición de aprobar con alto puntaje y entrar por todo lo alto a San Marcos, la Decana de América.
Llegó al salón y se sorprendió cuando le dijeron que no podría rendir el examen con métodos que ella siempre había utilizado en su etapa escolar para rendir sus pruebas: el sistema Braille, una herramienta de escritura y lectura a través del tacto, y el lector de voz por computadora.
A Maxi, aún conmocionada por este anuncio, le asignaron una persona que le leyó las preguntas durante todo el examen. Ella tomó un respiro para procesar estas nuevas condiciones y aceptó resignada la nueva realidad que a partir de ese momento le impuso San Marcos: la escasez de recursos tecnológicos.
Maxi Huamán, ahora alumna de la Facultad de Educación, tiene 20 años y se encuentra en el cuarto año de la profesión. Desde aquel episodio, encontró otros obstáculos a lo largo de su experiencia universitaria al querer acceder a información y bibliografía. En su primer año, Maxi tuvo que adoptar un proceso tedioso pero necesario para poder sobrellevar la carrera.
“Los profesores, por ejemplo, te daban una lectura y tú tenías que ir y sacarle copia. Yo se las daba a mi mamá para escanearlas y, de esa manera, convertirlas en Word y utilizar el lector de voz. Para eso, mi mamá tenía que escanear hoja por hoja”, recuerda Maxi, aliviada porque ahora ya no tiene que pasar por ese proceso, al menos temporalmente debido a la virtualidad.
Y es que para los alumnos con discapacidad visual, la virtualización de la educación ha significado un cambio positivo en cuanto al acceso de información, pues cuentan con más herramientas a su alcance dado que los contenidos se transmiten de manera digital. En el caso de Maxi, ella puede hacer uso de su lector de voz de manera instantánea a diferencia de antes, cuando la educación era únicamente presencial.
Las facilidades tecnológicas en la educación sanmarquina son limitadas cuando se trata de atender a estudiantes con discapacidad. En la Biblioteca Central Pedro Zulen, solo cuentan con un escáner y un lector de voz. Sin embargo, para una institución que imparte clases a por lo menos 250 personas con alguna discapacidad, según datos de la Oficina de Servicios Sociales, las necesidades sobrepasan por mucho a la oferta: simplemente no es suficiente.
“Es la única computadora y el único escáner en la universidad, debería haber dos por lo menos”, señala la alumna. La escasez de recursos accesibles en San Marcos es tan limitada que los alumnos agradecen cualquier ayuda. Y Maxi, por ejemplo, considera que “está bien para ser de una universidad estatal”. No obstante, la resignación no es la solución.
De acuerdo con Enrique Bustos, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), estudiantes como Maxi tienen derecho a que todo se encuentre adaptado en sus tres niveles de educación; es decir, tanto en la primaria y secundaria de los colegios como universidades deben cumplir con la accesibilidad en todos sus servicios.
Sin embargo, en la realidad esto no se cumple. A la universidad San Marcos le hace falta recursos como una impresora en braille que sí cuentan otras instituciones académicas. «Decirles que la universidad está alineada al 100% con el reglamento sería mentirles, simplemente no es así. Faltan muchas cosas por hacer», reconoce Miriam Rea.
A la falta de tecnología adaptada se le suma la escasa empatía de algunos profesores. Maxi recuerda que, a pesar de haber tenido una buena comunicación con la mayoría de sus docentes, algunos la dejaron a la deriva. “Mi profesora de matemáticas me daba las pruebas y me decía: ‘Ya tú sabrás cómo las resuelves’. Tuve que contratar a un profesor particular para poder resolver las pruebas porque no hubo ese apoyo por parte de la docente”, recuerda.
Este no solo es el sentir de Maxi, sino también de Sebastián Valverde, estudiante de la carrera de Derecho. Al igual que ella, también tiene discapacidad visual y reconoce que la falta de sensibilidad de algunos docentes es un problema que debe enfrentar día a día. Como alumno, le ha tocado presenciar actos de discriminación contra otros compañeros con alguna discapacidad. “Había un compañero que tenía dificultades para poder expresarse y el profesor le dijo en una exposición: ‘Bueno, si no vas a exponer bien, tienes cero”, recuerda.
Desde la Oficina de Servicios Sociales de la UNMSM, aseguran que se trata de un caso de discriminación y admiten que el protocolo para estas ocasiones está desactualizado, ya que no contempla específicamente a las personas con discapacidad, sino a la comunidad universitaria en general. Miriam Rea revela que se encuentran en una etapa inicial de sensibilización a nivel institucional: «A partir de enero del 2023, todos los programas que tiene la Oficina General de Bienestar Universitario han incorporado a las personas con discapacidad».
Pero, ¿qué se puede hacer frente a esta situación?
El abogado Ricardo Guerrero, especialista en derechos de las personas con discapacidad, recomienda a la comunidad universitaria tomar acción y empoderar a sus compañeros para que puedan exigir a las autoridades el cumplimiento de normas que garanticen su bienestar educativo.
Esta es una de las iniciativas que Víctor Valentino, estudiante de Ciencias Políticas y representante estudiantil, está llevando a cabo. El conocimiento de la importancia de movimientos sociales, propio de su carrera, lo ha impulsado a mejorar las condiciones para sus compañeros con discapacidad. Desde el 2021, Víctor y otros alumnos formaron grupos de apoyo para ellos.
Este proyecto consiste básicamente en un ‘padrinazgo’ estudiantil. “Juntamos a un grupo de voluntarios, identificamos a los alumnos que tienen discapacidades y nos dividimos para ayudarlos en todo lo que podamos durante nuestros tiempos libres”, cuenta Víctor.
Así, asignan un ‘tutor’ que acompañará a un alumno durante todo el ciclo para ayudar a los estudiantes en silla de ruedas a superar las empinadas rampas o desplazarse por aquellos edificios que no cuentan con ellas. En el caso de las personas invidentes, estos tutores los ayudarían a tomar apuntes durante clases.
Desde el ámbito legal, también existen mecanismos a través de los cuales se pueden exigir cambios materiales a favor de las personas con discapacidad. “Puedes ejercer una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional para que la universidad garantice la accesibilidad normada en el artículo 15 de la Ley General de Personas con Discapacidad”, señala el abogado Guerrero.
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“San Marcos es el Perú y el reflejo del Perú es San Marcos. Hay mucho que trabajar aquí”, así resume Miriam Rea la situación de inaccesibilidad en la universidad pública más importante del país. Ella es consciente de estas brechas, y en su intento por combatirlas afirma que “la discapacidad no es incapacidad”, apelando al esfuerzo como una manera de salir adelante.
Sin embargo, los estudiantes con discapacidad, en comparación con el resto de sus compañeros, se encuentran en un punto de partida distinto. Uno en el que no solo importa el empeño por progresar, sino las condiciones para poder hacerlo. Condiciones con las que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, no cuenta.
