Gabriela Zavaleta, presidenta de la asociación Más Igualdad Perú, señala que la gente discrimina a la comunidad LGBTIQ+ porque no tiene buenos referentes de personas trans y homosexuales en los medios de comunicación.
Por: Daniela Rojas
Portada: Archivo personal
Siete de cada diez peruanos reconoce que existe discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. A pesar de eso, el pasado 17 de julio el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) excluyó a esta población en la actualización de las 100 Reglas de Brasilia, un conjunto de normas que busca garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad.
“Nos pareció una decisión muy perversa porque eran un conjunto de reglas ideadas para que personas vulnerables tengan un real acceso a la justicia. Las únicas normas que no le han gustado al Poder Judicial fueron las que tienen que ver con orientación sexual e identidad de género. No incluir estas categorías como protegidas va en contra de cualquier estándar internacional de derechos humanos”, explica la arquitecta Gabriela Zavaleta, quien es presidenta de la asociación LGBTIQ+ Más Igualdad Perú, formada en enero de 2017.
Esta exclusión motivó que la jueza suprema Janet Tello, presidenta de la comisión del acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, formulara un pedido de reconsideración al Consejo Ejecutivo del PJ sobre la exclusión de este sector. Más Igualdad Perú en unión con otras organizaciones LGBTIQ también lanzó un comunicado en el que se exigía considerar a las personas LGBTIQ+ dentro de las Reglas de Brasilia. “Nosotros utilizamos nuestras redes como canales de información y nos preocupamos porque nuestras publicaciones se puedan entender. Así sea un tema con lenguaje técnico o complejo, como las resoluciones que emitió el PJ sobre estas normas, tratamos de convertirlo en un lenguaje sencillo de comprender”, declara la presidenta de Más Igualdad Perú.
Luego de una semana, el Poder Judicial rectificó su posición. Si bien se dispuso la aplicación de las Reglas de Brasilia sin ninguna excepción, la exclusión de la comunidad LGBTIQ+ como población vulnerable es un incidente que da cuenta de la discriminación sistemática por identidad de género y orientación sexual que existe en nuestro país. Cabe recordar que este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado peruano por el caso Azul Rojas Marín, mujer trans agredida por los policías el 25 de febrero del 2008 en La Libertad.
La presidenta de Más Igualdad sostiene que, para que la sociedad peruana sea más inclusiva, es necesario desterrar posturas intolerantes y conservadoras. “Se trata de mostrar ejemplos de que no vivimos en un mundo aislado. Las personas LGBTIQ+ participamos en la misma sociedad al igual que todos. En la televisión las personas trans y los homosexuales son ridiculizados y se los presenta de manera negativa. Luego te enfrentas con la realidad y sigues con esa idea. Deberíamos tener mejores referentes al igual que mayor información promovida por el Estado”, precisa Zavaleta.
La organización que preside Zavaleta participa en las mesas de trabajo instaladas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para tratar de atender las demandas de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, para la activista, el poder de acción en estos espacios de diálogo es limitado. “Es posible citar a las autoridades para dar explicaciones sobre algún problema particular pero no existe autoridad para sancionar ni suficiente iniciativa para tomar en cuenta nuestras propuestas”, explica.
Salud y comunidad LGBTIQ
Además de esta condición de vulnerabilidad en el sistema de justicia, la comunidad LGBTIQ+ se enfrenta a la falta de acceso a servicios básicos de salud. Jhony Juárez, médico especialista en salud sexual y reproductiva, señala que en Lima, el único establecimiento de salud que contaba con un programa de salud sexual dirigido a mujeres trans era el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. A raíz de la pandemia, este programa se ha suspendido dada la escasez de personal y la necesidad de atender a pacientes con COVID-19.
El profesional, quien trabaja en el Centro de Cuidado Integral de Salud de Miraflores (CESIS), indica que en este centro de salud han tenido que reforzar el servicio médico a las personas LGBTIQ+, en específico a las mujeres trans, pues muchas han buscado continuar con su tratamiento de reemplazo hormonal.
“Hemos establecido un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud para proporcionar los medicamentos necesarios a las mujeres trans. Esta entidad, en su afán por recuperar sus servicios o retomar su atención, ha buscado el apoyo de diversas organizaciones para atender a estas chicas y hacerle entrega de los insumos médicos necesarios para que continúen con sus terapias de reemplazo hormonal”, explica el médico, quien cuenta con 32 años de experiencia en su especialidad.
Juárez enfatiza la importancia de velar por la salud de las mujeres trans, ya que muchas se dedican al trabajo sexual. Explica que esto se debe a que la sociedad no permite integrarlas al mundo laboral. “Algunas estudian con mucho esfuerzo y, cuando acaban, no consiguen trabajo por el simple hecho de ser transexuales. La sociedad y el Estado las condena a prostituirse para sustentar a sus familias y a ellas mismas. Mientras que en el país la probabilidad de contagio por VIH está por debajo del 1%, la población de mujeres trans está a casi 15%, concluye.
