El 24 de julio de 1985, el estallido del segundo piso de una residencia de la urbanización “Los Sauces” sacó a relucir lo que sería la fábrica de droga más grande de la capital. A raíz de esta explosión, se destaparon los estrechos vínculos del narcotraficante “El Padrino” con altos funcionarios del gobierno y la policía, lo cual desencadenó la reorganización de las fuerzas policiales durante el primer gobierno de Alan García.

Por Jessie Alvarado

 

Treinta y tres años no han pasado en vano. De aquella casa ploma de dos pisos, que fue habitada por uno de los narcotraficantes más importantes del Perú, hoy solo quedan un par de ventanas con espejos empolvados, paredes sucias y pintadas con garabatos de pandilleros, una reja negra con chapa desgastada y dos agujeros vacíos que alguna vez sirvieron para encajar el medidor de la luz y el timbre.

Nadie se ha atrevido a ocupar los lotes 385 y 399 de la calle Gerona, en Surquillo, desde aquel 24 de julio de 1985, cuando una explosión en la segunda planta de la residencia dejó al descubierto a Villa Coca, el laboratorio de droga más grande y articulado de Lima en la década de los ochenta.

La historia inició a mediados de 1975, cuando la tranquilidad de la urbanización “Los Sauces” se vio interrumpida con la llegada de nuevos vecinos. Manuel, Reynaldo y Alfonso Rodríguez López, compraron once viviendas contiguas que abarcaban la mitad de la manzana “K” de las calles Gerona, Diez y Once. Su poder adquisitivo se hizo notar desde el primer día, pues apenas llegaron las antiguas casas, de arquitectura muy parecida a las demás, fueron demolidas para dar paso a una construcción simultánea y original.

El trío de hermanos, de apariencia elegante, pero ‘acholados’, como eran descritos por el vecindario de clase media-alta, promediaba los cuarenta años. Manuel, el mayor; Reynaldo, el intermedio; y Alfonso, el menor, nunca entablaron amistad con ningún vecino de las casas aledañas en los diez años que permanecieron ahí. El único favor concedido por ellos fue financiar la colocación de cuatro postes para tendido de líneas telefónicas y eléctricas que benefició a toda la urbanización. Una década más tarde se enterarían el porqué.

La explosión de Villa Coca

El día había comenzado, como ya era habitual, con noticias relacionadas a Sendero Luminoso, grupo subversivo que colocaba explosivos y coches bombas en distintas calles de la ciudad, para causar terror y llamar la atención del Gobierno. Esta vez, el robo de credenciales para la ceremonia de transición del mando, que se llevaría a cabo en cuatro días, alarmó a la población ante la posibilidad de un nuevo ataque, el cual nunca se concretó.

“El Padrino”. Reynaldo Rodríguez López afrontando su juicio en 1989. Foto: La República

En aquellos días, la calle Gerona, ubicada a cinco minutos del Óvalo Higuereta, entre las avenidas Tomás Marsano y Aviación, permanecía en silencio. Los únicos ruidos que se escuchaban allí eran, por la mañana, a la entrada y salida del colegio particular de mujeres “Sor Querubina de San Pedro”; y, por las noches, desde hacía cinco años, el sonido que se mezclaba con los chispazos rojos de las luces intermitentes de extraños, pero lujosos autos último modelo escoltados por guardaespaldas, que ingresaban a las propiedades de los hermanos Rodríguez López, y que ya hacían sospechar a los vecinos.

Ese miércoles fue distinto. A las 10:40 a.m se oyó un ruido atronador. Los habitantes de “Los Sauces”, creyendo que se trataba de un atentado terrorista, salieron despavoridos de sus casas. Pero no fue así. Una columna de humo negro provenía del segundo piso de la casa 399 de Gerona. La residencia de la esquina de los Rodríguez López se estaba incendiando y la escena que observaron fue impactante: dos de los ocupantes yacían en la vereda totalmente ensangrentados y se arrastraban por la calle, intentando escapar. A un lado, hombres y mujeres partían apurados de la misma casa cargando en sus manos varios paquetes. Junto a otro hombre que lucía con graves quemaduras, fueron introducidos en una camioneta, y lejos de pedir auxilio, se marcharon rápidamente. Uno de los vecinos se apresuró en llamar a la compañía número 16 de Barranco.

Un fuerte y extraño olor a éter desorientó a los bomberos que llegaron a sofocar el incendio. Al mando del capitán Carlos Montoya, un patrullero de las Águilas Negras -unidad encargada de dar seguridad a las entidades bancarias- se encontraba merodeando los alrededores del Óvalo Higuereta. Tras el incesante llamado de la gente, también se hicieron presentes en el lugar. Cuando ingresaron junto a los bomberos, las paredes de la casa, impregnadas con residuos de droga, revelarían el escenario a las autoridades. Según las primeras versiones de los bomberos, un gasfitero había sido contratado para arreglar la cañería de uno de los baños. Por usar su soplete, habría hecho estallar el depósito de éter que servía para elaborar pasta básica y clorhidrato de cocaína.

Urbanización Los Sauces. Policía ingresando a la casa luego del estallido. Foto: La República.

Luego de percatarse de que se trataba de una fábrica clandestina, los policías avisaron inmediatamente a todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía de Investigaciones (PIP). Transcurridos apenas 10 minutos; una flota de patrulleros de la División de Narcóticos de la PIP rodeó el barrio residencial y cerró todas las calles para impedir que los posibles responsables se fuguen. Solo detuvieron a 15 personas: cuatro hombres (entre ellos, Alfonso Rodríguez López), nueve mujeres y dos menores que pasaron a custodia. Pero no fue suficiente. Reynaldo Rodríguez López, la cabeza más importante y dueño de las casas, había abandonado el lugar, junto a su otro hermano Manuel.

Y es que “El Padrino” había escogido el escenario perfecto para construir la fábrica de droga más grande de Lima, pues, como menciona Fernando Rospigliosi, experto en temas de narcotráfico, durante el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) y Morales Bermúdez (1975-1980), el tráfico de drogas no era un problema que se conociera. Recién a inicio de los ochenta empiezan a crecer los sembríos de coca en el Alto Huallaga, en Madre de Dios. Este acontecimiento coincidió con el inicio del terrorismo en las elecciones de mayo de 1980, hecho que ocuparía la agenda nacional por los próximos veinte años. Así, Reynaldo pudo establecerse como uno de los capos más poderosos en la historia peruana sin ningún obstáculo. Sin embargo, esto no duraría mucho tiempo.

Conociendo al “Padrino”

Reynaldo era el segundo hermano. Por su contextura gruesa y su metro setenta, frente al bajo porte de sus hermanos, parecía el mayor. No siempre estuvo acostumbrado al lujo. De chico, vivió su infancia entre el Jirón Huaraz y Nacarino, un barrio humilde de Breña. Ya de adulto, se graduó como contador y asesor tributario, pero prefirió ser empresario. Junto a sus hermanos, se convirtieron en dueños de la agencia de viajes “Seturín”, ubicada en un gran edificio de la cuadra seis de la avenida República de Chile, en Jesús María, donde hoy funciona el Instituto de Educación Superior de la Policía Nacional “General Óscar Arteta Terzi”.

Para algunos, los desconocidos dueños todavía era un misterio; pero para otros su verdadera identidad estaba a punto de ser descubierta. Desde hacía tres años, en 1982, la DEA -agencia norteamericana que lucha contra el contrabando y el tráfico de drogas- empezó a investigar a “El Padrino”, según menciona Gustavo Gorriti en el libro La calavera en negro. Informantes secretos le brindaron a la DEA novedades sobre una organización “extremadamente activa y ramificada”, encabezada por Reynaldo Rodríguez López, la cual exportaba cocaína a Estados Unidos y Canadá que provenía desde el norte de Bolivia, a través de vínculos con cárteles mexicanos, según reveló la revista mexicana “Proceso”.

Avenida República de Chile 614. Instituto policial que antes funcionaba como “Seturín”, empresa de Reynaldo Rodríguez López. Foto: Google Maps

La Fiscalía peruana también había recibido los mismos datos. Un informante daba a conocer, también de manera anónima, la existencia de una banda importante de narcotraficantes que operaba entonces en la capital, dirigida por un desconocido Reynaldo. De acuerdo a la revista Caretas, el Fiscal de la Nación, César Elejalde, delegó la misión de investigar este peculiar caso a su secretario general, el joven Fernando Olivera.

Las indagaciones arrojaron sus primeros resultados: Olivera reveló un organigrama de la DEA, en el que se señalaba que sus “principales intermediarios eran Miguel Félix Gallardo, uno de los principales capos de la mafia mexicana; y Arturo Durazo Moreno, exjefe de la policía mexicana”. Pero lo que más llamó la atención fue destapar que “Seturín” era en realidad una fachada que servía para enviar a jóvenes peruanos a Estados Unidos, de manera ilegal. La estrategia consistía en ofrecer el ingreso a México y luego ser usados como “burriers” para enviar la droga a Norteamérica.

De esta manera, la pequeña empresa de viajes “Seturín”, que en Perú aparentaba generar pocos ingresos al “Padrino”, a su vez permitió que su fortuna crezca en el extranjero, pues también se conoció que Reynaldo era dueño de una cadena hotelera en Miami, cuyo patrimonio se estimaba en 300 millones de dólares; así como de una inmobiliaria y una vieja compañía de asesores contables y tributarios en nuestro país que no habían declarado.

Debido a este incremento patrimonial, a costa de negocios ilegales y al estreno de la película del mismo nombre en la pantalla chica, la DEA lo bautizó como “El Padrino”.

La libreta roja

Dos horas después de la explosión, se hicieron presente la fiscal de turno, Rosa La Madrid, junto al fiscal adjunto, Oto Zárate, y el juez instructor de turno, Hugo Príncipe Trujillo. Los periodistas, amontonados, habían llegado antes que ellos. Esperaban pacientes que salieran a dar explicaciones de lo ocurrido. Gasolineras vacías, bidones de material sintético que guardaban sustancias químicas y residuos de droga tendidos en una mesa fue lo primero que encontraron. Lo segundo: 100 kilos de cocaína y PBC intactos, recién procesados y listos para ser empaquetados y exportados.

Mientras los fiscales y agentes de la División de Narcóticos establecían que el laboratorio tenía la capacidad de procesar media tonelada de droga a la semana, tres autos eran requisados: un Toyota azul, un B.M.W plomo y un Nissan color oro negro del año, que los narcotraficantes no pudieron llevar en su huída. Posteriormente, se conoció que uno de los tres carros incautados pertenecía a Luis López, asesor del entonces ministro del Interior, Luis Pércovich, quien apenas se supo de la noticia de la explosión, viajó a México, según declaró él mismo días después, para inscribir a su hijo en la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

24 de julio de 1985. Policías sustraen insumos calcinados con los que fabricaban la droga. Foto: La República

Pero lo que dejó atónitos a los más de 40 hombres de la PIP no fue darse cuenta de que las once casas, aparentemente independientes, se comunicaban entre sí a través de puertas y pasadizos comunes. Ni que estas se unían al medio en un patio grande con piscina. Tampoco que las residencias contaban con una central telefónica de 50 líneas con conexión internacional, según cuenta un oficial en retiro que prefiere no exponer su nombre. Lo que los desconcertó fue  descubrir en uno de los cajones del cuarto de Reynaldo Rodríguez López una libreta roja, la cual traería como consecuencia la reorganización y unificación de la Policía Nacional, un mes después, durante el gobierno de García Pérez.

Aquella libreta escrita con puño y letra del mismo “Padrino”, contenía nombres, direcciones y teléfonos de coroneles y generales de la policía. Se halló el nombre del general José Jorge Zárate, director de la Policía Fiscal; del exdirector superior de la PIP, Eduardo Ipinze Rebatta; y de los coroneles PIP, Raúl Molina e Irvin Jaime Llamosa. Luego del escándalo, todas las personas involucradas fueron separadas de la institución. Además, no solo se encontró los nombres de los allegados del entonces Presidente Fernando Belaúnde Terry: Pércovich y López, sino también las tarjetas de presentación de quien sería el próximo candidato a las elecciones de 1985 por el partido de Acción Popular: Javier Alva Orlandini.

Reynaldo habia calado en todos los niveles de la Policía y hasta en las Fuerzas Armadas.  Usando como estrategia los bajos salarios policiales, Rodríguez López se había vinculado con “la mitad de todo el cuerpo policial”, según afirmó César Elejalde, Fiscal de la Nación. Y es que, aparte de haber llegado a ser asesor principal de la PIP y manejar información privada del Estado sobre narcotráfico, en el aeropuerto ya era caserito. “Cuando llegaba “El Padrino” al aeropuerto, todos lo saludaban porque en la mano daba cien dólares a todos los policías”, relatan fuentes policiales.

Esto evidenció que “El Padrino”, quien además controlaba entre el 15 y el 20% de la droga del Perú -como mencionó El País en agosto de 1985-, había logrado lo que otros narcotraficantes anhelaban: penetrar en las instituciones más fuertes del Estado y ejercer su poder desde allí.

Calle Gerona 399. Fachada actual de la casa donde ocurrió la explosión. Foto: pasoenlima.com

Las investigaciones, al mando de César Elejalde duraron poco menos de dos años, cuando Hugo Denegri, asumió como nuevo Fiscal de la Nación. En ese tiempo, se había logrado determinar que las once viviendas de Villa Coca estaban conectadas, a través de las líneas telefónicas, con la residencia del oficial Zárate, con la Jefatura de Migraciones de la PIP, con Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, según los peritos de la Fiscalía, también conectada con la casa de Ricardo Sedano Varona, vicecónsul de México, de acuerdo con la investigación del mexicano Fazio.

Manos amigas

El reinado del ahora famoso narcotraficante Rodríguez López llegó a su fin tres meses y medio después, cuando en la madrugada del 01 de noviembre de 1985 fue capturado en un departamento alquilado de Ancón, junto a su hermano Manuel. El operativo secreto fue montado por efectivos de la PIP, gracias nuevamente a la DEA y al comité dirigido por el General Raúl Chávez Gonzáles y el coronel Víctor Cancino.

Aquel hombre de apariencia bonachona y de parada firme, lucía demacrado, con varios kilos menos y sin su característico bigote. Lo que no cambió fueron sus malas prácticas. “El Padrino” fue encontrado con un gramo de cocaína, según él, “recetado por un médico”; además de la copia del atestado policial que había formulado la PIP para cuando lo detuvieran y que todavía algunos policías allegados a él le habían facilitado.

La policía logró que “El Padrino” confiese en una carta escrita todos los delitos que había cometido, ya que aquel 24 de julio también se incautó, en una de las residencias de Gerona, un fólder que contenía los documentos de la casa. “Epifanio Pretell Rosales”, persona que luego determinaron que no existía y que actualmente tampoco figura en la RENIEC, aparecía como el propietario de la casa. Tras darse cuenta de que la firma de Reynaldo coincidía con la del tal “Epifanio” en los papeles de la residencia, prepararon un interrogatorio para hacerle confesar.

La transformación de “El Padrino”. A la izquierda, Reynaldo en 1975; a la derecha, en 1985, luego de su captura. Foto: La República.

Sin embargo, la caída de “El Padrino” no significó el fin de la corrupción en los altos mandos oficiales ni en el Gobierno. A través de un comunicado del 21 de abril de 1987, la Fiscalía le comunicó al General Raúl Chávez Gonzáles, encargado del comité de investigación del caso Villa Coca, que las investigaciones habían finalizado, alegando que el caso “había concluido hace buen tiempo”. Poco tiempo después se demostraría que quien estaba interesado en ocultar este caso sería, según menciona el periodista Gorriti, el asesor semisecreto del nuevo Fiscal de la Nación: Vladimiro Montesinos Torres, capitán en retiro que fue expulsado del ejército en 1976 por haber otorgado información de inteligencia a la CIA y que posteriormente se convirtió en el famoso consejero del expresidente Alberto Fujimori en la década de los noventa.

Tras un largo proceso judicial que terminó en junio de 1989, 72 policías, militares y asesores ministeriales, defendidos por Vladimiro Montesinos, fueron absueltos. Uno de los involucrados fue Ketín Vidal, oficial que luego se convirtió en Director General de la Policía (1996-1997), y ministro del Interior en noviembre del 2000, durante el gobierno de Fujimori.

Pero Reynaldo Rodríguez López no corrió con la misma suerte. Con 42 años, fue condenado, al igual que su hermano Manuel, a 25 años de prisión en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Esta pena no fue cumplida, pues salió libre en el 2001 por beneficios penitenciarios. Dos años antes, en 1999, Manuel y Alfonso habían salido en libertad. Tal parece que nunca aprendió la lección, pues posteriormente “El Padrino” fue detenido en su nuevo domicilio, ubicado en la avenida Arenales 2049 departamento 301, Lince, y reingresó dos veces al penal (en 2003 y en junio de 2007) por tráfico de personas.

Villa Coca: tres décadas después

En la actualidad, “El Padrino” tendría 76 años. Y aunque los medios no volvieron a difundir ninguna noticia sobre él,  según la Reniec, ha fallecido. De acuerdo con la SUNARP, Reynaldo solo tuvo una posesión: una casa en Ica; mientras que a 300 km, en Lima, las once residencias, que fueron bautizadas por los periodistas como “Villa Coca”, se mantienen con las mismas edificaciones que los hermanos Rodríguez López diseñaron 43 años atrás. Sin embargo, cada una ahora cuenta su propia historia.

Calle Diez. Las viviendas permanecen con las lunas rotas y descuidadas. Foto: pasoenlima.com

No solo la casa donde ocurrió la explosión, y que hoy se mantiene en posesión de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), ha quedado abandonada. Lo mismo sucede con las residencias posteriores de la calle Diez, que conforman la media manzana “K” que los Rodríguez López adquirieron bajo un nombre falso. Aunque no presentan pintas como la de la esquina, los lotes 156, 164, 176 y 182, que también eran controlados por ellos, lucen descuidados.  Solo una casa de color rosa ha sido ocupada y funciona como un centro médico peruano-chino, especialista en acupuntura.

Asimismo, el lote 373 de Gerona, ubicado al lado izquierdo de la casa que estalló, hoy es la “Asociación Casa Hogar Padre Martinho”, que ayuda a niños, ancianos y a portadores de VIH. Más allá, la presencia de dos mujeres vestidas de negro en la puerta de los lotes 351 y 349 hace saber que esa es la única casa que ha vuelto a ser habitada por una familia.

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