Reporteros gráficos, redactores y estudiantes de comunicación participan hoy martes 24 de enero en un plantón frente a la sede del diario El Comercio. ¿El motivo? Exigir a los propietarios de dicho grupo mediático que asuman los costos del tratamiento y recuperación del reportero gráfico.

 

Diecinueve días después de la agresión policial sufrida por Marco Antonio ‘Atoq’ Ramón (25), reportero gráfico de Perú 21, un manto de silencio mediático garantiza impunidad a los responsables de este atentado contra la libertad de prensa. No solo eso eso: la escasa cobertura oculta también la indolencia del medio para el que trabajaba.  Así lo ha denunciado esta semana Roxabel Ramón, hermana de la víctima y, paradojas del oficio periodístico, ex redactora de El Comercio.

Cinco perdigones disparados por un guardia de asalto alcanzaron a Marco mientras cubría las protestas contra el peaje de Puente Piedra, el 5 de enero pasado. Aunque Perú 21 ha asegurado que desde el principio se hizo cargo de la cobertura de salud del reportero, y que lo ha apoyado en todo momento, los familiares afirman lo contrario. En una carta difundida a través de redes sociales, Roxabel Ramón ha revelado la falta de compromiso de los directivos del medio. Estos no han respondido a los llamados de la familia para que los apoye económicamente.

La versión del diario y la verdad de la familia. Desde Miami, a donde viajó para acompañar y asistir a su hermano Marco, internado en el Bascom Palmer Eye institute, Roxabel declara a Somos Periodismo.

Ella explica que Marco tenía un convenio de prácticas que había vencido en diciembre. Sus jefes le anunciaron que le renovarían el contrato por seis meses más bajo las mismas condiciones, pero el 5 de enero, el día en que fue herido por la policía, aún no lo habían llamado para firmar. Estaba trabajando con un contrato vencido, lo que se conoce como “desnaturalización”. Ante esta omisión grave del empleador (según la Ley de Formación Laboral Juvenil, bajo la cual está el contrato inicial de Marco), “el practicante pasa a tener relaciones laborales estables con la empresa”.

En el comunicado difundido la semana pasada, Perú 21 asegura ser un medio extremadamente pulcro en lo que a contratos y obligaciones laborales se refiere. “No es así, aclara Roxabel, la empresa quiere librarse de la responsabilidad que le cabe por haber enviado a un practicante a una comisión de alto riesgo (sin el seguro correspondiente) y con un contrato vencido”, denuncia.

Ella también aclara que el traslado de Marco a una clínica especializada en Miami no fue una “decisión familiar”, como asegura un funcionario del grupo El Comercio “para no asumir los gastos médicos fuera del país”, sino la indicación que recibieron por escrito de los especialistas de la Clínica San Pablo.

Los hechos: fue una agresión, no un accidente. Marco llegó al lugar de las protestas a las 6:30 de la mañana del jueves 5 de enero. Estaba fuera de su horario de trabajo, pero aceptó el llamado de su jefe y de inmediato se desplazó al lugar. “Mi hermano cuenta que los reporteros solo podían registrar los desmanes provocados por un grupo de manifestantes. Los policías no los dejaban pasar al otro lado de la Panamericana Norte. Allí algunos efectivos lanzaban gases lacrimógenos muy cerca de las viviendas y disparaban perdigones a diestra y siniestra, sin reparar en los transeúntes o en quienes se manifestaban de forma pacífica. Marco se percató de que había personas heridas e intentó cruzar al carril contrario para registrar esos hechos, pero la policía se lo impidió”.

Insistió ante los uniformados mostrando su carné de Perú 21. Estaba en comisión periodística. Después de recibir insultos y amenazas, le permitieron el acceso. Era el único reportero en ese lugar.  Fue en esas circunstancias, mientras captaba las escenas de vandalismo y represión exacerbada, que un policía le disparó al rostro. Los perdigones impactaron en la cabeza, la mano, la cámara fotográfica y el ojo izquierdo de Marco. Sus fotos, que registraron lo sucedido durante las protestas, se publicaron al día siguiente en la portada y en las dos primeras páginas de Perú 21. Los editores de la versión impresa, sin embargo, no incluyeron una línea sobre la agresión que había sufrido el reportero gráfico de esa casa editora. No se trataba de un accidente menor o de una bala perdida. Los perdigones disparados buscaban impedir que Marco registre los excesos de la represión policial.

Aquí las fotos que Marco tomó en Puente Piedra 

La cobertura del caso: los practicantes no son noticia. Al cabo de casi tres semanas, Perú 21 solo ha publicado dos textos sobre el caso de Marco ‘Atoq’ Ramón. El primero, una nota breve para informar de lo ocurrido. Y el segundo, un comunicado aparecido en un blog, dentro de la web del diario, para cuestionar las informaciones dadas por la familia del reportero herido. Aunque parezca increíble, la agresión policial al periodista tampoco ha alcanzado la categoría de “noticia” en medios como El Comercio, Correo, La República, América Televisión, Canal N, Panamericana Televisión o RPP Noticias.  Ninguna portada de los tabloides limeños fue dedicada al reportero gráfico atacado. Tampoco hubo editoriales exigiendo a Carlos Basombrío, ministro del Interior y -hasta julio de 2016- Defensor del Lector de Perú 21, que identifique y sancione al policía autor del disparo. Ningún programa de televisión nocturno o dominical ha considerado este caso como digno del interés de sus audiencias. El drama humano de Marco ‘Atoq’ Ramón parece soslayado también por los y las columnistas que escriben en diarios, revistas y portales de opinión.

Solo medios como La Mula y Útero.pe han seguido el caso, además de un conjunto de blogs y páginas web vinculadas a colectivos de fotógrafos independientes y a grupos de activismo social. Gracias a estos medios de nicho y a las redes sociales, una masa crítica de la opinión pública sigue pendiente del caso ¿Por qué el silencio de los grandes medios? ¿Por qué se da tanto espacio y tiempo a temas banales y se ignora este ataque a la libertad de prensa y a los derechos humanos? “Supongo que la mayoría de medios dejó de interesarse por lo ocurrido con mi hermano porque forman parte del mismo grupo mediático. Y hay, además, una sumisión que no deberíamos aceptar. Los periodistas tenemos que ser capaces de defendernos sin temor alguno”, responde Roxabel.

Precariedad laboral y gremios indiferentes. Marco no tenía un contrato de trabajo y tampoco un seguro laboral el día que fue a cubrir la protesta, tal como manda la ley. “Mi hermano, afirma Roxabel, nunca ha visto ni firmado el contrato que  el diario asegura que existe, tampoco contaba con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Fue por eso que no pudo ser trasladado a tiempo a la clínica San Pablo. “Una chica de recursos humanos de El Comercio tramitó el seguro ese mismo día y solo así, luego de estar todo el día con el perdigón en el ojo y desarrollando una  infección, lo pudieron llevar a la San Pablo”, recuerda. 

“Todas la declaraciones que dimos durante el tiempo que Marco estuvo en la clínica mostraban nuestra expectativa en el grupo El Comercio; creíamos que iba a cubrir todos los gastos”, recuerda Roxabel. Pero no ocurrió así. El único apoyo que recibieron fueron diez mil dólares que resultaron insuficientes frente a la avalancha de gastos médicos, de transporte y de estadía que esta desgracia ha provocado a la familia Ramón.

La agresión policial revela la informalidad laboral que rodea el quehacer periodístico de muchos colegas. Estos trabajan sin contratos, sin seguros, sin beneficios y obligados a cubrir comisiones fuera de sus horarios habituales. También ha quedado expuesta la escasa solidaridad y compromiso de las asociaciones de periodistas.

“El gremio periodístico no existe, no hay organización; quiero decirle eso a mis compañeros, colegas: no esperen a que alguien tenga que morirse para organizarnos, esto le ha podido pasar a cualquiera de ustedes”, declaró Marco luego de que un reportero le preguntó si algún gremio de periodistas le había ofrecido ayuda.

Al respecto, Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú, declaró a SomosPeriodimo que si bien su gremio conoce la situación de Marco Ramón, no es su tarea pronunciarse sobre los hechos o brindar ayuda legal, a menos que el afectado sea miembro del colegio. “Por ley nuestro único objetivo es combatir el ejercicio ilegal de la profesión y que exista una responsabilidad técnica y deontológica de los miembros de la orden”.  No solo el Colegio de Periodistas del Perú se muestra distante del caso; instituciones como la Asociación de Reporteros Gráficos, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana o Reporteros sin fronteras tampoco han informado sobre la agresión a Marco Ramón.

“La única que me ha llamado para mostrarme su apoyo y ofrecer ayuda ha sido Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (APN)”, contó Roxabel Ramón desde Miami.

Otro apoyo (esta vez insospechado pero sin duda muy grato) ha sido el de la periodista Claudia Izaguirre,  Defensora del Lector de Perú 21. En su habitual columna, Izaguirre escribió este domingo: “Llama la atención que el diario no haya informado más sobre esta agresión; yo incluso hubiera esperado una invocación pública a las autoridades y a la Policía Nacional para que se diga por qué la acción violenta contra alguien que estaba identificado como prensa, qué se está haciendo para establecer las responsabilidades y cómo responderán por el daño causado. Fue un hecho noticioso y cualquier medio en el mundo destaca cuando uno de los suyos es agredido”.

Solidaridad. Todos somos ‘Atoq’ Ramón. Hoy martes, a las 7 p. m,  los colegas de Marco ‘Atoq’ Ramón, con el apoyo de varios colectivos, participarán en un plantón frente la sede del diario El Comercio, en el centro de Lima.  Según los organizadores, que han convocado a un evento, en Facebook, se trata de un acto pacífico que “busca exigir a los directivos de Perú 21, diario del Grupo El Comercio, que asuma el total de los gastos de las dos cirugías y los meses de tratamiento (que demanda la curación) del ojo izquierdo de ‘Atoq’ en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami”.

La marcha busca llamar la atención a la precariedad de los derechos laborales de los periodistas.

En una última comunicación con Roxabel, esta mañana, nos informó que la evolución de Marco es favorable y que los médicos les han dado esperanzas de que no perderá la vista del ojo izquierdo. Los gastos médicos, sin embargo, ya suman miles de dólares. El medio para el que Marco cubría información no solo tiene la obligación de asumir dichos gastos, también debería entregarle una reparación económica.

 

 

 

 

 

 

Sobre El Autor

Somos Periodismo

Artículos Relacionados