Salud, dinero y educación: Antes de que Alberto Fujimori promulgara el decreto 882, que promovió la inversión privada en la educación, existían 17 facultades de medicina en todo el país. Era 1996. Dos años después ya eran 24 y, hoy, son más de 50. Una oferta educativa en aumento bajo condiciones que dependen más de la buena fe de las universidades que de algún control externo.

 

Luis apenas terminó el colegio el año pasado, y hoy, a sus 17 años, es un estudiante de medicina en una universidad privada que estrenó la enseñanza de esta carrera hace poco tiempo. Su meta es llegar a ser médico para ayudar a mejorar los servicios de salud de su distrito, Puente Piedra, del cual parte muy temprano todas las mañanas para llegar a Pueblo Libre, donde está la sede en que recibe las clases. Al momento de decidir en qué universidad estudiaría, Luis buscó que el costo mensual de su educación fuese accesible a las posibilidades de pago de sus padres y, aunque duda decirlo, las facilidades de ingreso también fue un factor determinante.

El año pasado más del 38% (30 316) de los casi 80 000 postulantes, a carreras de salud, intentó obtener una vacante en una de las 49 facultades de medicina (22 públicas y 27 privadas) que ofrecían la formación en esta profesión a nivel nacional, según información recogida por el Ministerio de Trabajo (Mintra), al que no todas las universidades reportaron dicha información.

A nivel nacional, la Universidad San Juan Bautista es la que tiene el mayor porcentaje de ingresantes respecto a sus postulantes: el 98%. Luego están la Universidad Señor de Sipán con 92%, en Lambayeque; la Universidad Alas Peruanas de Lima con 88%, y la Universidad César Vallejo de Trujillo con 86%. Todas privadas. La fuente es el Ministerio de Trabajo.

Alumnos de medicina en el hospital de emergencias Casimiro Ulloa de Miraflores.

En su contraparte, es decir, si vemos dónde está el menor porcentaje de ingresantes respecto del número de postulantes, figuran, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con solo 2%, la Universidad Privada Cayetano Heredia con 9% y la Universidad Nacional Federico Villarreal con 11%.

La alta demanda de esta carrera puede ser explicada por déficit de médicos generales y especialistas en diferentes regiones y por la posición de la carrera como la quinta mejor remunerada, con un ingreso promedio mensual de S/.3,964 soles. Al hallar este dato el Mintra detectó que los ingresos de los médicos oscilaban entre S/.1,500 a S/.7,000 soles entre el 2010 y el 2014.

Sin embargo, la oferta educativa en medicina no ha tenido la regulación necesaria para asegurar que los futuros médicos reciban una educación de calidad, lo que ha generado que el aumento de facultades se dispare sin control alguno.

 

La capital de la formación médica

Casi la totalidad de universidades que enseñan medicina está concentrada en Lima. Hasta el año pasado había 12 instituciones que ofrecían la carrera en la capital, seguida por otras ciudades cercanas como Lambayeque con 5 facultades y La Libertad, Piura, Junín y Arequipa con 3.  En el resto de departamentos hay una o dos universidades donde se dicta medicina; mientras que en Moquegua, Huancavelica, Apurímac y Madre de Dios, las tres últimas las regiones más pobres del Perú, no se enseña esta carrera.

Hoy hay 16 universidades que tienen facultades de medicina en Lima, de estas solo dos son públicas: San Marcos y Villarreal. Las 14 restantes son privadas y albergan a alrededor del 80% de alumnos matriculados.

Solo este año cuatro universidades privadas abrieron la carrera de medicina en nuestra ciudad: la Universidad de Piura, la  Universidad Arzobispo Loayza, la Universidad Autónoma del Perú y  la Universidad Sergio Bernales, a pesar de que a las tres últimas universidades el  Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) solo les otorgó autorización provisional para su funcionamiento.

La oferta de educación médica se explicaría por la rentabilidad. En Lima, los precios anuales que debe pagar un alumno van desde los S/. 9,900 (Universidad Telesup, sede de Ancón) hasta los S/. 40,700 (tarifa más alta en la Universidad de San Martín de Porres).

La primera cuenta con 1008 alumnos matriculados este año y la segunda con 4656 en sus dos sedes: Lima y Lambayeque, según la Sunedu. Si realizamos un cálculo grueso, a partir de las mensualidades mínimas, tendremos que sus ingresos por pensiones de medicina ascendieron a más de 10 millones de soles y 100 millones de soles, respectivamente.

¿Más y mejor educación?

En 1987 teníamos 12 facultades (10 de universidades públicas y 2 de privadas). Nueve años después, en 1996, eran 17. Cinco facultades nuevas en nueve años. El cambio drástico empezó a fines de noviembre de ese año, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori, mediante el decreto 882, aprobó la constitución de universidades como empresas con fines de lucro. Con ello, solo en los dos años siguientes, seis universidades privadas abrieron la carrera de medicina.

 

El crecimiento de las facultades de medicina logró sus más altos picos después de la promulgación del decreto 882 en 1996 y de la desactivación de la CAFME en el 2006.

 

La creación de las nuevas facultades era liderada por las universidades privadas que cada año aumentaban el número de vacantes ofrecidas a los postulantes. Así, mientras en 1995 ingresó casi el mismo número de alumnos a universidades públicas y privadas (alrededor de 750); en 1997 ingresaron 756 a públicas y 1467 a privadas. Este último número creció en un 40% al año siguiente, entonces apareció el primer intento de control.

En 1999 se creó, mediante la ley 27154, la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina (CAFME) con la finalidad de acreditar y exigir estándares mínimos de calidad a las facultades ya existentes y a las que quisieran crearse. Algunos de los aspectos que la CAFME supervisaba eran infraestructura, tener un número mínimo de docentes con maestrías y doctorados, los syllabus de los cursos, e incluso, cómo los estudiantes obtenían conocimiento de los síntomas de las enfermedades más comunes.

Sin embargo, para Víctor Carrasco, ex miembro de la hoy extinta CAFME, los requisitos para la acreditación no eran muy exigentes.

Según un informe del Ministerio de Salud, la CAFME tuvo problemas para lograr su objetivo pues algunas facultades luego de ser acreditadas por cinco años “aumentaban indiscriminadamente sus vacantes”. A esto se suma que la CAFME carecía de los atributos para prohibir a las facultades no acreditadas que siguieran aceptando postulantes.

La CAFME fue desactivada luego de buscar implementar un sistema de acreditación para el resto de carreras. El nuevo organismo encargado de velar por la calidad educativa fue el Sineace, creado por ley 28740 en el 2006. Su modelo de acreditación con los estándares que exigía entró en vigencia el 2009 y para el 2012 el Sineace otorgó su primera acreditación.

A la fecha, solo tres facultades de medicina están acreditadas por el Sineace: la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Otras 34 facultades están en proceso de evaluación, y un grupo no ha tenido la intención de acreditarse en Sineace, porque si bien, en teoría, es obligatorio para las carreras de salud, educación y derecho, hasta ahora no se ha puesto un plazo máximo ni sanción por no hacerlo.

 

El camino de la acreditación

El Sineace (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) es hoy el encargado de certificar la alta calidad educativa. Foto: Facebook Sineace.

El proceso de acreditación tiene dos etapas. En Lima, la Universidad Científica del Sur, la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentran en la primera etapa: la autoevaluación, según la web del Sineace. Esta empieza con la formación de un comité de calidad al interior de la carrera, el cual usa los estándares para la acreditación propuestos por Sineace, evalúa y hace un primer informe.

Ese proceso puede demorar varios años. Cuando la facultad cree estar lista, pasa por el proceso de evaluación externa y contrata a una de las tres empresas autorizadas por Sineace: Empresa Evaluadora con Fines de Acreditación (EEFIA), SGS Certificadora de la Educación SAC y Agencia Evaluadora de la Calidad Educativa SAC. La acreditadora realiza una auditoría y elabora un informe con el cual Sineace determina si da o no la acreditación. Usualmente los evaluadores son profesores de otras universidades, certificados por Sineace y contratados por alguna de dichas compañías, sostuvo Sandro Paz, director de acreditación superior del Sineace.

La Universidad San Juan Bautista está en este proceso de evaluación externa. Lo estaba también la Universidad Ricardo Palma hasta mayo del año anterior, en que el Sineace le negó la acreditación y la instó a que persista en el proceso.

Según Paz, los estándares planteados consideraban requisitos mínimos de calidad. Y subrayó que el modelo de acreditación, al que podían acceder las universidades hasta 31 de mayo de este año, fue hecho con miras de evaluar el proceso y no al egresado y los conocimientos que obtenía, lo que hoy ya está incorporado en un nuevo modelo.

Con la promulgación de la Ley Universitaria en 2014, la misión de velar por la calidad universitaria se reorganizó y quedó en manos de dos entidades. La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), a través del proceso obligatorio llamado licenciamiento, debe encargarse de asegurar niveles básicos de calidad educativa, mientras que Sineace debe enfocarse en el alto nivel académico.

 

“El licenciamiento es obligatorio y la acreditación es opcional, no es para todos, solamente para los que están haciendo bien las cosas”, agregó el director de acreditación de Sineace. De las universidades que tienen la carrera de medicina, por ahora, solo la Universidad Cayetano Heredia se ha licenciado.

Mientras tanto, los intentos por modificar estas reformas educativas no se han hecho esperar. Hace un mes, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén presentó un proyecto de ley para cambiar nueve artículos de la Ley Universitaria.Y aunque en el último mensaje a la nación el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que no retrocederá ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas, el panorama de la obligatoriedad o no de la acreditación y el licenciamiento aún parece incierto. Lo que sí queda claro es la necesidad de garantizar educación de calidad sobre cualquier tipo de interés por lucrar.

Sobre El Autor

Jocelyn Herrera
Colaboradora

Estudiante de noveno ciclo. Por curiosidad dejó el periodismo y por curiosidad volvió a él. Le interesan el periodismo de investigación y el de datos. Tiene la esperanza de acabar su tesis en seis meses. Quiere que el papel sobreviva.

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